El Gobierno de Gabriel Boric condenó esta noche “enérgicamente” la medida adoptada por el régimen de Nicolás Maduro “de exigir el retiro del personal diplomático chileno de territorio venezolano y ordenar lo propio respecto de sus funcionarios acreditados en Chile”.
“Esta inédita medida es preocupante porque es un síntoma más de la difícil situación que se está viviendo en ese país e implica dejar en el abandono a los más de 700.000 venezolanos y venezolanas que actualmente viven en Chile”, agregó el Ejecutivo, a través de una declaración de cancillería.
“Lo anterior, pese a su gravedad, no va a distraer la atención de Chile respecto de lo fundamental, que es el respeto de la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas en las recientes elecciones. Chile continuará abogando porque los resultados electorales se conozcan y se respeten, y agotará todas las instancias diplomáticas que avancen en esa dirección”, precisó.
El Gobierno de Venezuela ha anunciado este lunes la expulsión de las representaciones diplomáticas de siete países latinoamericanos a los que acusa de no reconocer la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del domingo, anunciada por las autoridades electorales.
Critica así las «injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional».
«Pretenden desconocer los resultados electorales de los comicios presidenciales efectuados este domingo 28 de julio de 2024, los cuales dieron la victoria como presidente de la República Bolivariana de Venezuela a Nicolás Maduro Moros para un nuevo Periodo Constitucional 2025-2031», ha apuntado.
Los países afectados son Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, a los que Caracas exige la retirada «de manera imediata» de sus representantes en territorio venezolano.
Venezuela «se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación», prosigue.
