Ex subsecretario Emilio de la Cerda y reformas a la permisología: “Está saliendo agua por varios lados”

La aprobación de nuevos proyectos de inversión está bajo el escrutinio público, con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) crecientemente en el centro de la polémica, en especial después de la reciente cancelación del proyecto del Centro de Neurociencias, en Valparaíso debido a las sobre exigencias del CMN y los reclamos del ex presidente de Metro, Louis de Grange, respecto de los sobrecostos en la construcción de las nuevas líneas del ferrocarril metropolitano.

En el Congreso continúa una serie de reformas al sistema de obtención de permisos ambientales y sectoriales, buscando una institucionalidad ambiental robusta que simplifique los procedimientos de tramitación de proyectos y reduzca sus tiempos de tramitación y burocracia.

El ex subsecretario de Patrimonio Cultural y académico de Arquitectura en la Universidad Católica, Emilio de la Cerda, valora la iniciativa legislativa y considera que “el hecho de estar planteando un cuerpo legal que aborde la materia es destacable”. Resalta, además, otros puntos relevantes, en particular aquellos que pueden mejorar el funcionamiento del Consejo de Monumentos Nacionales.

¿Cuáles son los puntos favorables que visualiza en las reformas a la permisología planteadas por el Gobierno?

Yo creo que es favorable el hecho de que se esté planteando un cuerpo legal que aborde esta materia. Es un tema crítico no solo por el tema de los proyectos de inversión, sino que por los temas económicos y también por temas sociales, de transporte, infraestructura, de vivienda social, hospitales, etc… Es decir, es un ámbito donde está saliendo agua por varios lados y creo que tomar el problema con una mirada lo más integral posible es muy importante.

Me parece que la ley, al plantear temas de tiempo, es algo positivo. Esto por el hecho de poder abordar los asuntos que tienen que ver con los tiempos de respuesta, que es uno de los ámbitos críticos de la legislación actual. También aborda, aunque lo hace parcialmente, los temas de silencio administrativo. O sea, entender qué pasa después de haber cumplido el plazo legal de respuesta, si es que se toma en criterio legal positivo o negativo

Ahora, también hago propias algunas de las críticas que han surgido al debate público respecto de ese proyecto ley. Me parece que al plantear un servicio público nuevo para abordar esa materia es innecesario. Ya nosotros tenemos hoy por hoy el Sistema de Impacto Ambiental, que está operando con coordinación intersectorial.

¿Cuál sería una propuesta de mejora para este último punto?

Si uno ve el esquema anterior que planteó el Ministerio de Economía, que era el de una oficina de gestión de proyectos sustentables y esa oficina era la que convocaba el comité de subsecretarios para abordar los cambios necesarios constituye ese esquema, tenemos una estructura burocráticamente mucho más liviana que lo que plantea el proyecto de ley de del Ejecutivo respecto a tener un nuevo servicio público de coordinación fija. Yo creo que esta sobre-burocratización es innecesaria.

Adicionalmente, la no coordinación con la Ley de Medio Ambiente, con los servicios y el sistema de educación ambiental es algo pendiente porque todo está abordando toda esta materia de la ley marco en base a los permisos sectoriales.

La gran cantidad de proyectos de inversión en Chile se dan al alero de una Declaración de Impacto Ambiental o departamental y eso requiere ser coordinado con esta mirada y no puede verse separadamente.

En línea de no incorporar el tema arqueológico desde el Consejo de Monumentos Nacionales, creo que es una ausencia demasiado notoria. Uno puede entenderlo porque hay una legislación que se aprobó el 2022 en marzo para una ley de Patrimonio Cultural que toma parte de esta materia, pero me parece que el foco está en permisología y en eficiencia, algo que no es necesariamente es parte del foco integral que la Ley de Patrimonio Cultural aborda, o sea, es algo que compete al proyecto de permisología.

Esto debería poderse enfrentar con más claridad. No hay definición del tema arqueológico paleontológico, que es el asunto que tiene parado en Chile algunos proyectos, incluso por diez años o más, o sea, hace que algunos se caigan, así como que carreteras enteras u hospitales se detengan por años.

Ley al patrimonio

¿Qué lecciones se pueden sacar del caso del proyecto científico de 10 mil millones de pesos que recientemente no se pudo concretar en la Región de Valparaíso por asuntos vinculados con la obtención de permisos?

Ese es un caso que demuestra de forma nítida no solo la cadena de equivocaciones, sino que la la falencia estructural que existe en Chile en esta materia. Esto porque Valparaíso, sobre todo la parte histórica, está inscrita por Chile UNESCO en calidad de sitio de Patrimonio Mundial.

Así, se encontraron con un sitio arqueológico que nadie duda de su valor, pero que entraba en colisión con este proyecto que estaba en ejecución. El Consejo de Monumentos pidió unos protocolos. Se cargó todo ese costo a la empresa constructora que no pudo asumirlo financieramente y quebró, entonces se tuvo que licitar de nuevo el proyecto. Todos estos plazos extendieron la iniciativa por años y el presupuesto original se duplicó.

Todo terminó en que el proyecto renunció a Valparaíso. El sitio quedó nuevamente abandonado con las trincheras o con toda la excavación arqueológica cubierta, con todo detenido.

Sobre la Ley de Patrimonio y su reglamento, ¿Qué modificaciones están buscando en esa línea?

Esto ha sido debatido por décadas y el gobierno anterior presentó un proyecto de ley al al Parlamento que se aprobó en marzo de 2022 por la Cámara de Diputados, que es una Ley de Patrimonio Cultural que actualiza la normativa del año 70, que es la Ley de Monumentos Nacionales. La incorpora a los desafíos actuales y tiene tres ejes principalmente.

Uno que es institucional y esto quiere decir, descentralizar al Consejo de Monumentos Nacionales, otorgar facultades resolutivas a las regiones, establecer consejos regionales y actualizar la composición del órgano colegiado que es el Consejo Monumental.

Hay otro ámbito que es conceptual o de categoría de protección. Ya Chile ha ratificado una convención internacional en la materia, sin embargo, nuestra ley todavía no la ha incorporado; no los monumentos, sino que el patrimonio, sea material inmaterial, los sitios de memoria y los paisajes culturales. O sea, se debe ampliar y modernizar las categorías de protección en el estándar UNESCO que Chile ha ratificado.

El tercer eje es de gestión y financiamiento que tiene que ver con el tema de permisología. El tema de financiamiento es que la declaratoria de monumento Nacional para que no sea solo sea una carga para el dueño, sino que también el Estado.