Con permiso… ¿podemos modernizar los permisos?

Con satisfacción de buena parte del ecosistema minero, la problemática alrededor de la obtención de permisos, sus plazos y especificaciones logró ser parte de la agenda pública. En específico, la “permisología” -como se ha bautizado en la prensa- es una barrera crítica para el desarrollo de grandes proyectos, como los mineros, esenciales para nuestra economía. Los retrasos en la obtención de permisos pueden extenderse hasta 12 años, según los análisis de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP).

Por ello, consideramos que las reformas propuestas para agilizar el sistema de permisos (sectoriales y ambientales) son un paso crucial. Lamentablemente, la racionalización regulatoria propuesta por el Gobierno, que incluye la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y la Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), muestra avances relativos en el Congreso.

Por una parte, el proyecto de permisos sectoriales presentado por el Ministerio de Economía ha avanzado en el Senado. Sus primeros dos capítulos ya están aprobados y se espera que durante el transcurso de estos días pueda aprobarse el tercer capítulo, relativo a la temática “Procedimiento aplicable a las autorizaciones sectoriales”. Por otra, no corre la misma suerte la iniciativa empujada por el Ministerio de Medio Ambiente, la cual no muestra adhesiones ni entusiasmos entre los legisladores y corre el riesgo de quedar empantanada. Hay voces que dicen, incluso, que es una mala propuesta y que ante ella, sería menos malo quedarse con el actual sistema.

Paralelamente, todavía tenemos un elefante blanco rondando la discusión: el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) ha emergido como uno de los principales puntos de estrangulamiento a los nuevos proyectos. Este organismo, encargado de otorgar permisos para excavaciones de carácter histórico, arqueológico, antropológico y paleontológico, ha sido identificado como una de las entidades que acumula la mayor cantidad de solicitudes y demoras. Además, de exigencias que parecen irracionales, tal como hemos visto en la reciente caída del proyecto del Centro de Neurociencia en Valparaíso, que contaba con una inversión inicial de $10.000 millones y que, además, iba revitalizar urbanísticamente la ciudad. Pero las exigencias del CMN hicieron impracticable activar la iniciativa.

La Ley de Monumentos Nacionales, promulgada en 1970, que rige al CMN, no ha sido actualizada adecuadamente para responder a las necesidades y desafíos actuales. Su funcionamiento, basado en definiciones ambiguas y procedimientos poco eficientes, causa paralizaciones costosas y prolongadas en proyectos mineros por hallazgos que muchas veces no tienen valor significativo y artefactos que terminan en las bodegas de los museos sin ser atendidos.

Esta ineficiencia es insostenible para una industria como la minera, que requiere agilidad y certeza en los procesos para poder planificar y ejecutar inversiones millonarias con un impacto económico y social significativo a largo plazo.

En resumen, modernizar el proceso de permisos y reformar el CMN es esencial para asegurar que Chile siga siendo un líder en la industria minera global. Necesitamos un marco regulatorio que facilite, no que obstaculice, el crecimiento y desarrollo de proyectos mineros vitales para nuestra economía. Es momento de actuar y garantizar que Chile siga siendo un destino atractivo para la inversión en minería.