¿Es legítimo superponer a la institucionalidad política de una nación una cultura partidaria específica, es cierto aquello de que los valores internos de un partido en apariencia ideológicamente coherente sean superiores o detenten una autoridad deontológica por encima de la ley y sus consecuencias sociales?
Definitivamente no.
El tema supone una reflexión profunda de qué es la democracia, qué duda cabe, discusión que no podemos tener aquí, una reflexión que defina bien para que son las leyes y cuáles son los elementos esenciales de un ordenamiento jurídico por mucho que colectividades específicas tengan, o, mejor dicho, crean tener, una cierta autoridad moral a la hora de juzgar los actos de un militante eventualmente sancionado por la ley.
Esto es lo que ha ocurrido con las declaraciones a la prensa del presidente del partido Comunista Lautaro Carmona, quien señaló que, si el alcalde Jadue resultare culpable, (actualmente en prisión preventiva tras ser formalizado por fraude al fisco, estafa y cohecho) “Nosotros no definimos nuestras militancias por lo que el Poder Judicial dice. Nuestra dialéctica es con nosotros, es con las luchas, es si estuviste en una huelga, si apoyaste no sé qué, si fuiste a solidarizar con los damnificados, hay otros valores».
Es decir, es más importante el aporte del militante a las tareas partidarias que si éste respeta o no las leyes. Es lo más cercano de la ley de Dios, que tantas veces argumentaban los creyentes hace unas décadas, afortunadamente tesis en retirada, que pretendía que fuera Dios el que juzgaría, por ejemplo, a un sacerdote que haya cometido delito en el “más allá” y no la justicia del hombre. Unos y otros, creen o han creído que están por sobre la ley del hombre y sobre una institucionalidad básica que permite a los pueblos vivir en orden y en un estado de derecho; unos, la voz divina, y otros, la ideología o una supuesta voz del pueblo que dicen representar.
Pareciera que al PC, o al menos a un grupo de militantes, el estado de derecho sirve hasta cuando les afecta, ahí no hay ley ni democracia, la voz del que más grita y marcha, apoyan la independencia de los tribunales cuando es Jaime Orpis el acusado y detenido en Capitán Yáber, no Jadue, ahí se exagera y se monta un show de persecución política. ¿Cree el PC que vivamos en un estado de derecho es una pregunta que no resulta extraña al constatar sus permanentes declaraciones?
¿Quiénes son los que persiguen políticamente? ¿Los dueños de las farmacias, la fiscalía, los jueces? ¿El propio gobierno del que son parte, el ministro de justicia sentado en el mismo gabinete que ellos, que dice que en Chile los tribunales son independientes?
No hay salud.
Yo pongo en duda la convicción democrática, la praxis política del Partido Comunista, al menos en lo que hacen, que incluso a veces se aleja de lo que declaran, ¿O será sólo la anquilosada mirada de los vetustos carcamales partidarios anterior a la caída del muro?
No se entiende y no se explica, la férrea disciplina con la que se glorea el partido no es más que una lamentable jugarreta de zombis que repiten una y otra vez las viejas monsergas populistas y que incapaces de conquistar espacios de libertad en su conciencia terminan como barra brava perjudicando lo que en el papel dicen proteger, y apoyando regímenes que de democracia tienen poco y una viga enorme en vez de una pajilla en el propio ojo.
Por supuesto, como lo hacía un viejo y querido amigo judío en tiempos que jugábamos al dudo, cada vez que perdía con un dejo de humor e ironía nos acusaba de antisemitas, hoy algunos podrán acusarme de anticomunista, cuando en realidad se trata de tener un mínimo de sentido común, tan escaso en la clase política, y aún más, en los partidarios anclados en su pasado y rigidizados por el prejuicio.
