Suprema de EEUU limita alcance del cargo de obstrucción para asaltantes del Capitolio
El alto tribunal, en este dictamen impulsado por la mayoría conservadora, deposita en el Gobierno la carga de la prueba y considera que las autoridades federales deben demostrar que los acusados tenían la intención de "destruir o alterar la integridad de archivos, documentos o cualquier otro objeto empleado en procedimientos oficiales".
El Tribunal Supremo de EEUU ha dictaminado que para determinar el cargo de obstrucción a la justicia es necesario demostrar que el acusado en cuestión quería alterar o destruir documentos oficiales, en una sentencia dada a conocer este viernes y que dificultará los procedimientos abiertos contra cientos de acusados por el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio y que han sido imputados por este mismo cargo, entre otros.
El alto tribunal, en este dictamen impulsado por la mayoría conservadora, deposita en el Gobierno la carga de la prueba y considera que las autoridades federales deben demostrar que los acusados tenían la intención de «destruir o alterar la integridad de archivos, documentos o cualquier otro objeto empleado en procedimientos oficiales».
Ahora mismo hay 250 acusados del asalto al Capitolio que están imputados por obstrucción, a los que hay que añadir otros 52 donde el acusado en cuestión fue condenado solo por este delito y, de esta cifra, 27 se encuentran ahora mismo en la cárcel, según el Departamento de Justicia.
Es más, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump está imputado desde agosto de 2023 por cargo de obstrucción en el caso abierto en su contra por el investigador especial Jack Smith sobre el asalto al Capitolio. El magnate, acusado de instigar el asalto, ha negado todos los cargos. No obstante, el propio Smith ha indicado que el dictamen del Supremo no afectará particularmente al caso de Trump, dado que también está acusado de otros delitos en este caso.
El veredicto ha sido alcanzado por seis votos a favor y tres en contra con el matiz de que la jueza liberal Ketanji Brown Jackson se ha alineado con la mayoría conservadora y que la magistrada Amy Coney Barrett se ha cambiado al bando de los liberales como responsable de la opinión discrepante al entender que «viola los principios normales de interpretación jurídica» al combinar diferentes secciones de la ley sin mucha relación entre sí.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ha sido uno de los primeros en reaccionar a esta decisión. «Estoy decepcionado por la decisión de hoy, que limita un importante estatuto federal que el Departamento de Justicia ha tratado de utilizar para garantizar que los principales responsables de ese ataque se enfrenten las consecuencias apropiadas», ha indicado. (Europa Press)
