Milei renuncia a grandes privatizaciones y logra que Senado sancione ley ómnibus

La coalición gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), dejó varias pretensiones por el camino para lograr la sanción de la ley, como la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio Televisión Argentina.

El Senado argentino sancionó anoche por 36 votos positivos y 36 negativos, con un desempate que resolvió a favor la vicepresidenta Victoria Villarruel, la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, un proyecto insignia del Gobierno que estipula una desregulación profunda de la economía y que incluye un paquete de reformas fiscales.

«Mi voto es afirmativo», anunció la vicepresidenta y presidenta del Senado a las 23.20 hora local (02.20 GMT del jueves).

Tras una jornada convulsa por incidentes que hubo alrededor del Palacio Legislativo, en el marco de una movilización convocada por movimientos sociales, sindicatos, partidos de izquierda y asambleas barriales, la cámara alta sancionó en términos generales la normativa y concretó la primera victoria parlamentaria del Gobierno que preside Javier Milei en sus seis meses de gestión.

La violencia que se generó alrededor del Parlamento en la tarde del miércoles, con enfrentamientos entre las Fuerzas federales de Seguridad y un grupo de manifestantes desgajado del grueso de la movilización, eclipsó el debate en el plenario, que se extendió por más de doce horas, y que ahora continuará con la votación título por título.

La coalición gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), dejó varias pretensiones por el camino para lograr la sanción de la ley, como la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio Televisión Argentina.

De esta manera, solo podrán pasar a manos privadas Energía Argentina, que cubre toda la cadena de valor vinculada con la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de los hidrocarburos, e Intercargo, que brinda en las terminales aeroportuarias los servicios en tierra, rampas y puentes de acceso.

En simultáneo, podrán ser privatizadas de manera parcial o ser concesionadas Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa); Belgrano Cargas, que opera los servicios ferroviarios de tres líneas; Corredores Viales, que gestiona la infraestructura y el tránsito de las carreteras, autopistas y autovías concesionadas, y la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), que presta servicios ferroviarios con distintos ramales a su cargo.

Tras cinco meses de discusión parlamentaria, el oficialismo también resignó en el último momento la posibilidad de disolver organismos culturales, así como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

En paralelo, el Gobierno de Milei aceptó cambios en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros durante 30 años para atraer proyectos que superen los 200 millones de dólares.

En concreto, se acotó su alcance a los sectores agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología, y se estableció el requisito de contratar proveedores locales por una cantidad equivalente, al menos, al 20 por ciento de la inversión realizada.

UNO A UNO

Con la votación título por título de la norma, el Senado puede introducir modificaciones en la normativa, lo que implicará que el texto vuelve a la Cámara de Diputados, la cual puede insistir en la redacción original o aceptar los cambios introducidos por la cámara alta.

Si la cámara alta aprueba modificaciones por mayoría simple (la mitad más uno de los votos), Diputados podrá insistir en la misma mayoría para sostener su versión, pero si los cambios son avalados con dos tercios de los legisladores en la cámara alta, la baja deberá reunir la misma cantidad de adhesiones para insistir en el texto original.

Menos voluminoso que el proyecto de Ley Bases debatido en febrero, cuando fracasó su tratamiento al momento de votar cada capítulo, la ley actual incluye 232 artículos.

La iniciativa parlamentaria del presidente es un proyecto fundacional para la actual gestión por delegar facultades legislativas en el presidente, además de habilitar las privatizaciones de empresas públicas.

El texto original también introduce numerosas reformas de calado de carácter regresivo, como una reforma laboral y otra impositiva.

La ley declara la emergencia pública por el plazo de un año en materia administrativa, económica, financiera y energética, sobre las que el presidente tendría facultades legislativas.

La normativa viene acompañada de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que establece una rebaja del impuesto sobre Bienes Personales (a la renta), y además pretende restituir el impuesto a las ganancias (salarios o ingresos), modificado en el último tramo del Gobierno anterior.

Al estar en minoría parlamentaria, el Gobierno debía negociar con otras fuerzas de la oposición el tratamiento de esta normativa para sortear el rechazo del bloque peronista-kirchnerista, Unión por la Patria, que es la primera fuerza en el parlamento, con 33 senadores en la cámara alta.

La coalición gobernante tiene apenas siete de los 72 asientos del Senado, pero logró la sanción de la normativa con el apoyo del bloque Juntos por el Cambio, que fundó el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), y la mayoría de los legisladores de la Unión Cívica Radical, entre otras fuerzas menores.

Al menos 29 personas fueron detenidas y más de 100 resultaron heridas durante una represión policial que llevó a que cinco diputados nacionales tuvieron que ser hospitalizados por recibir gases lacrimógenos, y que hizo que un grupo de manifestantes se escindiera de la marcha general y provocara destrozos en las inmediaciones del Congreso, con el arrojo de piedras, bombas molotov y el incendio de un automóvil de un medio de comunicación, Cadena 3.

La Oficina del presidente felicitó en la noche del miércoles a las Fuerzas de Seguridad «por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas intentaron perpetrar un golpe de Estado».

El Ejecutivo de Milei lleva adelante un importante plan de ajuste para lograr superávit fiscal y reducir la inflación, lo que ha llevado a una severa reducción del gasto público y a una licuación de los ingresos en el contexto de una profunda recesión.(Sputnik)

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