La Corte Suprema determinó que es la justicia civil y no la militar, la competente para conocer responsabilidades en la marcha en Putre.
Así, el juzgado de garantía de Arica deberá seguir tramitando la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas.
La Segunda Sala del máximo tribunal consideró que la ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book, no es competente para seguir indagando los hechos.
Book defendía la tesis de que el proceso debía ser llevado por tribunales castrenses, sin embargo, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, querellantes en el caso, advirtieron que por tratarse de violaciones de las prerrogativas ciudadanas pertenece a la jurisdicción civil.
Franco Vargas, de 19 años, murió el pasado 27 de abril cuando participaba en un entrenamiento en una zona ubicada en el norte del país a más de cuatro mil metros de altitud, sin ropa de abrigo y con muy bajas temperaturas.
Después del ejercicio 45 jóvenes debieron ser ingresados en un hospital por problemas respiratorios, dos presentaron infección generalizada y a uno fue necesario amputarle una mano.
Romy Vargas, madre del joven fallecido, saludó la decisión de la Corte Suprema de encargar el caso a la justicia penal porque ofrece mayores garantías de transparencia.
Mientras, Sebastián Andrade, abogado de la familia de Franco, dijo que este fallo es una buena señal hacia el mundo de que Chile avanza en derechos humanos.
