El juez con dedicación exclusiva para causas de derechos humanos, Carlos Aldana, invalidó ayer un peritaje a un condenado por delitos de lesa humanidad que pretendía declararlo incapacitado mental y favorecer su liberación.
Los exámenes al reo José Otarola estuvieron a cargo de la psiquiatra y expresidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jacqueline van Rysselberghe, quien está contratada por el Servicio Médico Legal (SML) en la región del Biobío.
El detenido fue condenado a 15 años de cárcel por la matanza de 19 personas perpetrada por un grupo de carabineros en la zona de Laja-San Rosendo, cometida siete días después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Según el dictamen de la también exsenadora, Otarola tiene enajenación mental, lo cual podría abrir las puertas a que cumpla el resto de su condena en prisión domiciliaria, argumento rechazado por los familiares de las víctimas.
Varios abogados presentaron un recurso contra el peritaje donde cuestionaron la imparcialidad de van Rysselberghe, antigua senadora y expresidenta de la UDI.
La doctora en cuestión ha expresado en público su opinión favorable a la liberación de los detenidos por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990).
Durante un sumario practicado en el SML del Biobío se detectó, además, que en el contenido de trabajo de Rysselberghe no está atender a este tipo de prisioneros.
La institución decidió suspender el contrato a la militante UDI, que contó en su momento con el apoyo de la delegada presidencial en la zona, Daniela Dresdner, quien supuestamente priorizó su capacidad técnica por encima de sus ideas políticas.
La UDI, junto al partido Republicano, realizan maniobras constantes en el Congreso Nacional para tratar de liberar a los represores condenados por la justicia por crímenes de lesa humanidad.
