Director de Postgrados USS: “Donde el Consejo de Monumentos Nacionales debía pronunciarse, los tiempos de tramitación se duplicaron”

En los últimos meses, diversos actores públicos y privados han planteado que los retrasos en las aprobaciones para los proyectos de inversión están impactando negativamente la economía del país. Es el llamado debate sobre la permisología. En este contexto, el Gobierno ha presentado un paquete de reformas para abordar este problema mediante diferentes proyectos de ley en el Congreso.

Sobre este tema, el reciente estudio de la Universidad San Sebastián “Permisología” dio luces y encendió alarmas tras su publicación, ya que evaluó que las pérdidas en inversiones que tuvieron lugar durante el ejercicio 2023 a causa de la excesiva tramitación de permisos fueron de casi US$ 2.000 millones, con un perjuicio equivalente a 0,58% del Producto Interno Bruto (PIB) en circunstancias de que el año anterior, la merma había sido de 0,2% del PIB.

El director de Postgrados de la USS, Cristóbal de la Maza, explica que “nuestro aporte fue estimar el costo financiero de este retraso. Para esto tuvimos que, en primera instancia, determinar con precisión el tiempo de retraso de cada uno de los proyectos en trámite, más allá del plazo legal. Luego, determinar el flujo anual equivalente, dependiendo de la inversión estimada para desarrollar el proyecto y el costo de capital por sector, asumiendo que el proyecto se mantendrá activo de manera prolongada”. El estudio midió principalmente mermas en el sector privado, pero que también aplican para el Estado cuando el titular corresponde a un servicio público.

Sector Minero: 15% de las pérdidas

¿Cuál es la afectación directa al sector minero que detectaron en el informe?

Para el sector minero, el costo de retraso representa un 15% del total, equivalente a US$300 millones por año. Para tener una noción, las pérdidas de todos los sectores medidos casi coinciden con el monto en tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para la minería particularmente, que alcanza US$ 2.200 millones en 2023, un 18% del total. No obstante, la inversión en este sector se ha deprimido en los últimos años y representa menos de la mitad de lo que se observaba en años previos. El tiempo de tramitación promedio se encuentra en torno a los 400 días. No obstante, algunos proyectos más complejos superan los 1.000 días de tramitación.

Existen visiones que apuntan al Consejo de Monumentos Nacionales como un relevante cuello de botella. ¿Qué información pudieron recoger sobre este organismo en el estudio?

Es efectivo que, en algunos casos el Consejo de Monumentos Nacionales influye en que los plazos se extiendan más allá de lo prudente. Esto aplica sobre todo a proyectos de generación y transmisión de electricidad, y proyectos de infraestructura como carreteras, redes ferroviarias, entre otros. En el estudio consideramos que el tiempo en exceso fuera de la tramitación ambienta, representa en general un 20% del total. No obstante, en casos puntuales, donde el CMN debía pronunciarse, los tiempos de tramitación totales incluso se duplicaron.

¿Qué recomendaciones pueden hacerse para mejorar el funcionamiento del CMN?

Lo primero que debiera ocurrir es actualizar la ley vigente que data de 1970. En paralelo, es posible realizar una serie de mejoras de gestión que incluyen digitalización y automatización de procesos, que no requieren ley, y que podrían aliviar la carga del CMN. Es urgente darle celeridad al proyecto de ley presentado por el Presidente Sebastián Piñera, para modernizar este Servicio Público. El proyecto de ley ya está en su segundo trámite parlamentario, y requiere que se acelere su tramitación con urgencia, poniendo énfasis en mejorar su gobernanza y hacer más expedita la toma de decisiones. A su vez, debiera incluirse en el marco del proyecto de ley que tramita el Ministerio de Economía sobre permisos sectoriales, que este sea uno de los posibles trámites simplificados mediante declaración jurada. En este momento el CMN no estaría afecto a ese mecanismo.

Reducir los tiempos de tramitación un 75%

¿Cuán urgente es mejorar los procesos de tramitación para el país? ¿En qué porcentaje deben reducirse los tiempos de tramitación?

Chile no puede darse el lujo de mantener ineficiencias como esta si queremos retomar niveles razonables de crecimiento. Toda mejora en los tiempos de tramitación aporta, pero si queremos aspirar a tasas de crecimiento económico mayores, se requiere una simplificación regulatoria. Lo mínimo es cumplir los plazos legales. Para una Declaración de Impacto Ambiental este corresponde a 90 días y para un Estudio de Impacto Ambiental a 120 días. Permisos sectoriales no debieran tardar más de 30 días adicionales. Para esto debemos reducir los tiempos de tramitación al menos un 75%, muy lejos del 30% que buscan los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. Es cierto, que algunos proyectos por su complejidad siempre van a requerir más tiempo de análisis, pero este debiera acotarse máximo a un año plazo.

¿Considera que las reformas a la permisología planteadas por el Gobierno van por buen camino en el Congreso?

Creo que hay animo por aportar a la solución. Existe consenso transversal en la necesidad de optimizar la autorización de proyectos y se proyecta un favorable escenario para lograr avances legislativos, aunque se requiere mayor flexibilidad de las partes. El proyecto de ley en trámite para reformar la ley ambiental trata múltiples materias no relacionadas con tiempos de tramitación. Se requiere voluntad política, para focalizarse en lo que se tiene consenso y dejar pendiente para una ley larga lo que requiera de una discusión más pausada.

En tanto, el proyecto para acelerar el trámite de permisos sectoriales requiere aumentar su nivel de ambición e incluir permisos más complejos como concesiones acuícolas o los que otorga el CMN. Incluso debiera abarcar Declaraciones de Impacto Ambiental. Es difícil separar mejoras a permisos ambientales de las que refieren a permisos sectoriales. La misma ley ya obliga a certificar el cumplimiento de la normativa sectorial aplicable en el SEIA, con el modelo de ventanilla única. Crear una nueva ventanilla única sectorial, es inconducente

¿En qué puntos considera que debe haber consenso en estas reformas y en qué plazos? ¿Cuál sería el riesgo de que se diluyan.

Debiera haber consenso en priorizar la tramitación de estos proyectos de ley a lo sumo durante 2024. Si se pierde el contexto actual, es posible que la discusión se trabe y quede para la próxima administración. En mi opinión, tenemos que aprovechar el momento. Es urgente mayor agilidad del aparato público, no solo por un tema económico, sino también para cumplir con nuestra agenda climática que requiere inversiones masivas.

Sobre el proyecto de ley de permisos sectoriales, el debate debiera ser más rápido. Se debería descartar la creación de un nuevo Servicio Público y radicar estas tareas en el Ministerio de Economía. El jefe de División a cargo podría estar adscrito al Sistema de Alta Dirección Pública, administrar la plataforma electrónica de trámite, mantener el control de gestión sobre tramitación de permisos con indicadores de desempeño transparentes, y asignarle la obligación de prestar asistencia al regulado para orientar a interesados en la tramitación de estas autorizaciones.

¿Hay algún país en la actualidad que tenga un sistema de aprobación de permisos que deba ser considerado por Chile en este período de reforma? ¿Por qué?

El sistema de Portugal es interesante de observar. Definieron un procedimiento abreviado, donde los requisitos están predefinidos para ciertas tipologías de proyectos muy recurrentes y con eso lograron minimizar tiempos de autorización. En Chile, se debiera repensar la autorización de permisos ambientales y sectoriales con apoyo de la digitalización y la automatización de procesos. La mayor parte de los permisos puede ser estandarizado y ser otorgados en tiempos mínimos.