Diputado Celis ofició a Municipalidad de Quilpué por pago a Fundación Daya sin entrega de medicamentos
Esta acción se centra en el pago de $32 millones de pesos a la fundación por fitofármacos que nunca llegaron a la comunidad.
El diputado Andrés Celis, miembro de la Comisión de Salud, ofició al Municipio de Quilpué para que esclarezca el pago de $32 millones de pesos a la Fundación Daya por medicamentos de cannabis que no fueron entregados.
Al respecto, el parlamentario aseguró en un punto de prensa que es fundamental «que se esclarezcan las responsabilidades y se tomen medidas concretas para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y la correcta ejecución de los programas destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos».
En este sentido, el diputado Celis detalló que en el oficio solicitó «conocer medidas adoptadas hasta el momento sobre la falta de recepción de las dosis comprometidas. También si efectivamente iniciaron acciones judiciales o administrativas para abordar esta situación y garantizar el cumplimiento de los acuerdos establecidos con la Fundación Daya, además de las implicancias para el presupuesto comunal de que estos fondos hayan sido transferidos sin haber recibido las dosis».
Celis Montt manifestó una gran preocupación y enfatizó en que «la falta de entrega de los fitofármacos de cannabis acordados a pesar de las millonarias inversiones realizadas por las municipalidades es inaceptable y pone en riesgo la salud y el bienestar de los pacientes que dependen de estos tratamientos», asegurando que «la rendición de cuentas y la protección de los intereses de la comunidad deben ser prioritarias en todo momento y los municipios tienen un rol de control fundamental que claramente aquí no ejercieron».
La denuncia del diputado se basa en un informe de la Contraloría que señala que diversas municipalidades no habrían recibido productos que supuestamente habrían adquirido y pagado en un convenio con la Fundación Daya.
El diputado republicano, Juan Irrarázaval, denunció esta situación y dijo que habría «posibles irregularidades en la rendición de gastos de la Fundación», creada por la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanistas). La Contraloría, en su informe a los municipios, cuestiona pagos por alrededor de 200 millones de pesos.
Por su parte, la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación de Municipalidades, Carolina Leitao, sostuvo que «la fundación hasta hoy no ha podido cumplir con la entrega de las dosis. Durante estos años se han hecho auditorías, se impugnaron algunas de las rendiciones y se solicitó la restitución de los fondos, lo que hasta ahora no ha ocurrido por lo que se están evaluando las acciones legales que correspondan».
Un convenio similar firmó la Fundación con otros municipios, entre ellos Arica, que también «se encuentra tramitando un juicio ejecutivo con el objetivo que la fundación reconozca la deuda por fondo no rendidos», según el alcalde.