Corte Interamericana de Derechos Humanos culpa a Argentina del atentado contra AMIA
La corte ha indicado en un comunicado que Argentina es la responsable de "no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado, del que se cumplen en julio 30 años, y por no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo correspondiente el atentado y su encubrimiento".
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha culpado este viernes al Estado argentino del atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires por no haber tomado las medidas pertinentes para evitar el ataque, que se saldó con 85 muertos y cientos de heridos.
Así, la corte ha indicado en un comunicado que Argentina es la responsable de «no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado, del que se cumplen en julio 30 años, y por no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo correspondiente el atentado y su encubrimiento».
La jueza Nancy Hernández López ha manifestado durante la lectura del fallo de la corte que a partir de la denuncia presentada cinco años después del atentado por los familiares de las víctimas se puede puntualizar que Argentina «tampoco garantizó un acceso real a la documentación» sobre lo sucedido aquel día.
«Se determinó la violación del derecho a la verdad por las múltiples falencias en la determinación de la verdad histórica sobre el atentado y sobre la responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento», recoge el texto, que destaca la existencia de dificultades por parte de los familiares a la hora de acceder a la información pertinente.
De esta forma, la corte ha resuelto por unanimidad apuntar a la responsabilidad del Estado argentino y determinar su implicación en la violación a los derechos a la vida e integridad personal, en perjuicio de las víctimas del atentado.
A raíz de esta sentencia, el tribunal ha ordenado a Argentina retirar «todos los obstáculos que mantienen la impunidad total en este caso» y ha instado a al país a iniciar y reabrir «las investigaciones necesarias para juzgar y sancionar a los responsables de los hechos y establecer la verdad de lo ocurrido». A su vez, ha dado al país un plazo de un año para rendir cuentas al tribunal y poner en marcha las medidas adoptadas. (Europa Press)
