Corte IDH pide a Perú la suspensión «inmediata» del proyecto de ley que prescribe delitos de lesa humanidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha pedido este jueves al Gobierno de Perú la suspensión «inmediata» del trámite del proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso y que considera prescrito cualquier delito de lesa humanidad o crimen contra la humanidad perpetrado antes de 2002, lo que incluye al expresidente Alberto Fujimori.

El tribunal ha pedido tomar esta medida hasta que «cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse» sobre la solicitud de medidas provisionales y su impacto en el caso conocido como Barrios Altos y La Cantuta, después de que varias asociaciones de Derechos Humanos presentaran esta petición.

Para ello, ha convocado al Estado, a los representantes de las víctimas de estos casos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una audiencia pública virtual que tendrá lugar el próximo lunes por la mañana, según reza un comunicado publicado por el tribunal en su perfil de la red social X.

Horas antes, la Junta de Fiscales Supremos de Perú, órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público del país, ha expresado su «postura institucional de rechazo al proyecto de ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes e guerra en legislación peruana, debido a sus implicaciones negativas».

Así, ha precisado que este proyecto de ley «resulta inviable jurídicamente, toda vez que la acción penal y sanción por los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra son imprescriptibles, con lo que se generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad de los agraviados y sus familiares», y ha advertido de que de aplicarse, una de las consecuencias sería la prescripción de aproximadamente 600 casos e impactaría «de manera directa» en los casos ya sentenciados».

Este órgano también ha señalado que la propuesta normativa resulta «evidentemente inconstitucional al ser incompatible con la jurisprudencia supranacional en materia de Derechos Humanos y los estándares del Derecho Internacional». Por último, ha advertido de que afectaría a más de 550 víctimas y a un número «muy considerable de los familiares de estas», pero, a su vez, «a la sociedad en su conjunto», ya que «tienen el derecho a conocer la verdad».

La proposición de ley declara la prescripción de los procesos relativos a delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. El texto ha sido aprobado en primera votación con 60 votos a favor, 36 en contra y once abstenciones, aunque es necesaria una segunda votación para su aprobación definitiva.

La aprobación paralizaría cualquier investigación y proceso judicial activo relativo a casos relevantes de las décadas de 1980 y 1990, como el caso de las esterilizaciones forzadas de indígenas, en el que está siendo procesado el expresidente Alberto Fujimori, y anularía las penas impuestas en casos correspondientes al mandato de Fujimori, excarcelado en diciembre de 2023 bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias y pese a la objeción de la Justicia interamericana.

El exmandatario, que indicó recientemente que le fue detectado un tumor maligno en la lengua, fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de usurpación de funciones, homicidio calificado con alevosía y secuestro, peculado y falsedad ideológica, corrupción y espionaje.

La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció en la víspera que el Congreso está «acelerando su arremetida contra el sistema democrático», antes de que esta semana termine el periodo legislativo, a través de medidas que «socavarían la independencia judicial, restringirían el espacio público y debilitarían las investigaciones sobre el crimen organizado y violaciones de Derechos Humanos».

«Esta medida, que debilitaría la rendición de cuentas por violaciones de Derechos Humanos cometidas en el pasado, incluidos los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, se enmarca en un patrón de acciones del Congreso que fomentan la impunidad y desmantelan el Estado de derecho», ha señalado la ONG, que ha advertido que de aprobarse, se podría «abrir la puerta» a la revisión de condenas contra miembros de Sendero Luminoso y de las fuerzas de seguridad responsables de crímenes de guerra.

A pesar de este polémico texto, HRW ha recordado que el Congreso ha avanzado también una reforma constitucional que eliminaría instituciones judiciales clave y debilitaría la independencia de las autoridades electorales, así como proyectos de ley para otorgar al Gobierno poderes «excesivamente» amplios para controlar a las ONG.

«Con esta ráfaga de legislación destructiva, los congresistas peruanos están intensificando sus medidas para controlar a las autoridades judiciales y electorales y debilitar los sistemas de rendición de cuentas y la supervisión y crítica de sus acciones», ha declarado la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, que ha indicado que «es probable que estas medidas tengan graves consecuencias» para los peruanos.

También han recordado que en una Asamblea en la que la mitad de los congresistas estarían bajo investigación penal han sacado adelante medidas que desmantelan los procesos democráticos y han lamentado que la presidenta del país, Dina Boluarte, se ha aliado en repetidas ocasiones con este órgano político, que ha rechazado varias mociones de censura contra ella.

Por ello, habían pedido a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que deberían debatir la situación en Lima durante la Asamblea General que tendrá lugar a finales de este mes en Paraguay. «Deben pronunciarse urgentemente sobre el retroceso democrático en Perú. Está en su interés, y ciertamente en el de todos los peruanos, detener la infiltración y expansión del crimen organizado y la corrupción en las instituciones», declaró. (Europa Press)