Ascienden a 17 las personas detenidas por su presunta participación en la intentona golpista en Bolivia

De ser hallados culpables, podrían enfrentarse penas de entre 15 y 30 años de cárcel.

Ya son 17 la personas, la mayoría militares, detenidas por el intento de golpe de Estado en Bolivia, entre ellos el general Juan José Zúñiga y el vicealmirante Juan Arnez Salvador, las dos caras más visibles del amotinamiento que se produjo en la víspera en la plaza Murillo, en La Paz, centro político del país.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, ha indicado en una rueda de prensa que todos ellos se encuentran ya bajo custodia, mientras las autoridades siguen tratando de identificar a «toda la red de apoyo que se movilizó» en el marco del intento de alzamiento militar.

«Ya se ha logrado la aprehensión de un total de 17 personas por haber intentado consumar un golpe de Estado dentro del territorio nacional», ha señalado el ministro, quien ha informado de que la Policía busca a por lo menos otros tres militares más. Entre los nuevos detenidos, ha destacado, hay civiles.

«Evidentemente hay muchas más personas que han participado en el golpe fallido», ha remarcado Del Castillo, quien fue una de las personas del gabinete de Luis Arce quien acudió a las calles de La Paz para instar a Zúñiga a replegar a las tropas.

Del Castillo ha revelado que la Fiscalía ha presentado un informe que brinda algunos detalles más sobre lo ocurrido. Sin precisar mucho más para no entorpecer la investigación, ha dicho, la asonada se habría planificado desde el mes de mayo.

Zúñiga y sus hombres tomaron la tarde del miércoles la plaza Murillo y el Palacio Quemado, antigua casa de Gobierno, anunciando su intención de nombrar un nuevo gabinete y de liberar a los «presos políticos». Sin embargo, horas más tarde, el comandante fue destituido y las tropas regresaron a los cuarteles.

Asimismo, Del Castillo ha descartado la participación de la Fuerza Aérea en la intentona golpista y ha confirmado que todas las tropas se encuentran ya bajo control del Estado boliviano, según informaciones del diario ‘Los Tiempos’.

En este sentido, ha abordado las palabras de Zúñiga, que acusa al presidente, Luis Arce, de utilizarlo para llevar a cabo un «autogolpe», y ha afirmado que el militar «carece de credibilidad alguna» en dicho asunto. «Vamos a deshacer esta red antidemocrática», ha declarado Del Castillo, que estima que, en caso de ser declarados culpables, los militares rebeldes podrían enfrentarse a penas de entre quince y treinta años de cárcel.

LAS FUERZAS ARMADAS, BAJO CONTROL

El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, ha afirmado por su parte que el Gobierno tiene «el control total y absoluto de las Fuerzas Armadas» del país, por lo que ha hecho un llamamiento a la «calma y la tranquilidad», al tiempo que ha prometido que los militares responsables de la asonada serán «procesados» por el propio Ejército.

«Tenemos el control total y absoluto de nuestras Fuerzas Armadas a través del Mando Militar. Ya todo está bajo control. Y los procesos de investigación, en el campo ordinario y militar, van a correr. Hemos pedido una profunda y severa investigación para los autores de este lamentable y vergonzoso hecho, que deben recibir toda la sanción que la población espera», ha indicado.

«La población puede retornar a la tranquilidad y normalidad. Lo sucedido (…) está en manos de la justicia ordinaria y de la investigación del mando militar», ha manifestado el ministro, que ha indicado que el asalto al Palacio de Gobierno no fue «planificado y ejecutado solo por Zúñiga y Arnez sino también por el excomandante de la Fuerza Aérea Marcelo Zegarra» y «figuras civiles».

Novillo ha matizado que «las primeras informaciones apuntan también a la implicación de personal civil», según informaciones del diario boliviano ‘La Razón’. «A medida que las investigaciones avancen se irá dando más información a la población», ha añadido.

Asimismo, ha confirmado que el Gobierno había decidido el martes destituir a Zúñiga después de que este amenazara con detener al expresidente Evo Morales si se volvía a presentar como candidato a las elecciones previstas para 2025. Tras una reunión con Zúñiga para comunicarle su destitución, este habría reconocido haber cometido «algunos excesos», según ha explicado Novillo.

«Nos despedimos de la forma más amistosa, incluso con abrazos muy fraternales, y él nos manifestó que siempre iba a estar al lado del presidente, al lado de nuestro Gobierno», ha puntualizado el ministro, que ha aclarado que, sin embargo, «al día siguiente parece que las cosas cambiaron».

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El Periodista