Rechazan filtración y difusión de mensajes entre Héctor Llaitul y periodistas
Las comunicaciones del líder de la CAM, tomadas de su celular personal y usadas durante el juicio en su contra por la fiscalía, fueron divulgadas ayer por radio Bío Bío.
Diversas organizaciones de profesionales de la prensa, donde destaca el Colegio de Periodistas de Chile, rechazaron hoy una publicación de Radio Bío Bío que difundió chat privados de periodistas a quienes se vinculan con Héctor Llaitul, vocero y líder de la CAM, actualmente condenado a 23 años por una serie de delitos en la zona macrosur.
En la declaración, además de la Orden Gremial, la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile, el Observatorio del Derecho a la Comunicación, la Iniciativa por Más Periodismo y Libertad de Expresión (IPLE) y la Red de Periodistas Migrantes, señalan que «la publicación, realizada como un reportaje de la sección de Investigación, este martes 28 de mayo, titulada ‘Toño Marchant te puso en mi camino’: los chats secretos con periodista que sellaron caída de Llaitul’, difunde de forma descontextualizada, información de una investigación reservada revelando datos personales y fragmentos de conversaciones de periodistas con una fuente informativa en el marco de la elaboración de reportajes periodísticos sobre asuntos de eminente interés público».
Según los denunciantes «el texto vincula de manera desprolija a periodistas quienes generaron un vínculo profesional en el marco de su labor informativa y el trabajo en medios de comunicación».
«Consideramos importante señalar que, en el ejercicio de la profesión, las y los periodistas tienen el deber de mantener y propiciar el contacto con distintas fuentes informativas presentes en el territorio cuando aportan un punto de vista a la información que se aborda para obtener información de primera mano, protegiendo el secreto profesional que es esencial para el ejercicio del periodismo y el escrutinio de asuntos de interés público. El reportaje en cuestión no aporta contexto que contribuya a que las audiencias comprendan, y cuestiona la práctica periodística de relacionarse con sus fuentes y obtener información bajo reserva».
La publicación realizada por el medio ha tenido como efecto diversas consecuencias, como agresiones digitales, amenazas, hostigamiento, reproducción de información falsa y desinformación vinculada a las y los periodistas nombrados en el texto y, en especial,una ola de violencia en redes sociales en contra de Josefa Barraza, directora del medio El Ciudadano.
«Este tipo de violencia constituyen graves vulneraciones a la libertad de prensa, que acarrean como consecuencia silenciar la investigación periodística y acallar la voz pública de profesionales de las comunicaciones» señala la declaración.
Los firmantes dicen que solicitarán a la Fiscalía Nacional que «investigue las amenazas que están recibiendo las y los periodistas mencionados en el texto. Además, solicitaremos medidas de protección para las y los periodistas de acuerdo a lo que establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Defender y proteger la libertad de prensa así como la vida de las y los periodistas es un deber del Estado, de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto», culmina.
