El Ministerio Público recibió hoy a una delegación de fiscales venezolanos que arribó al país con el objetivo de conseguir antecedentes del caso del asesinado exmilitar Ronald Ojeda, pero el organismo informó que declinó abrirles la carpeta investigativa.
«El propósito del encuentro fue abordar la cooperación internacional entre nuestros países a partir del caso Ojeda y el requerimiento que ellos nos remitieron, pero les respondimos que la ley nos impide entregar antecedentes de la carpeta de investigación», explicó el fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, en conferencia de prensa.
Los fiscales venezolanos Ángel Fuenmayor y Álvaro Cabrera llegaron esta semana a Chile para participar de las indagaciones por el asesinato del exmilitar Ronald Ojeda, ocurrido en febrero en Santiago, pero las autoridades nacionales, tanto del Gobierno como del Ministerio Público, les explicaron que la investigación es secreta e incluso criticaron a sus colegas por no gestionar las reuniones antes de viajar.
Este jueves el Ministerio Público decidió coordinar un encuentro con los fiscales extranjeros, concretando una reunión con el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, Juan Glasinovic.
En la cita, ambas fiscalías establecieron nuevos canales para compartir información en casos penales futuros, sobre todo en materia de delitos cometidos en Chile con participación de venezolanos y acordaron medidas específicas para agilizar los procedimientos.
«Fue un evento muy positivo de construcción de mejores prácticas, de desarrollo de confianza para ir aumentando nuestra efectividad y rapidez en el intercambio de información para resolver de mejor manera las investigaciones», agregó Glasinovic en la conferencia.
Ojeda, un exmilitar venezolano opositor al presidente Nicolás Maduro, huyó de su país en 2018, cinco años después consiguió refugio político en Chile y en febrero de este año fue secuestrado, torturado y asesinado en Santiago.
La línea de investigación que sigue la Fiscalía chilena apunta a que el crimen fue ordenado desde Venezuela y que los autores del hecho habrían huido a ese país.
