México acude a las urnas con la tercera parte del territorio bajo balas

 México culmina la campaña electoral más violenta de su historia, con el asesinato de más de 30 candidatos en el último año y con diarios ataques a dirigentes políticos por parte de bandas criminales que procuran incidir en el proceso, afectando la tercera parte del territorio..

La violencia política la resume un vídeo que circula en redes sociales con la imagen de una pistola automática que apunta a la cabeza del candidato a la alcaldía del municipio costero Coyuca de Benítez, estado de Guerrero (sur), Alfredo Cabrera Torres, postulado por la coalición de partidos opositores (PAN, PRI, PRD).

Segundos después, el arma es disparada a quemarropa durante su mitin de cierre de campaña celebrado la tarde del miércoles, mientras una banda musical ameniza un acto proselitista y otros 15 disparos se escuchan.

En vídeos posteriores aparece el presunto agresor también acribillado, en un atentado que dejó otras tres personas heridas a solo 35 kilómetros del principal puerto turístico del Pacífico mexicano: el histórico Acapulco, devastado el año pasado por un huracán.

CIFRAS DEL DOLOR

Un informe sobre violencia política de la consultora Integralia reporta que, desde que comenzó el proceso electoral en septiembre pasado, delincuentes perpetraron ataques que causaron un promedio diario de 2,8 víctimas de agresiones.

Esa cifra reúne 35 asesinatos -si se incluye la mencionada ejecución -, atentados con armas de fuego, amenazas, secuestros, desapariciones y otras formas de violencia consideradas «de alto impacto».

Para el Gobierno, los candidatos asesinados son sólo 22, porque otras víctimas no habían registrado oficialmente sus candidaturas, según la cartera de Seguridad Pública federal.

«Las víctimas han incrementado 150,5 por ciento en comparación con 2021, considerando homicidios y otros eventos de alto impacto, como atentados con arma de fuego y amenazas», indica el informe publicado a cuatro días de los comicios.

Hasta la fecha van 749 víctimas de diversos ataques, que son 550 personas afectadas más que las 299 contabilizadas en las elecciones legislativas de medio mandato presidencial de hace tres años, en 2021.

Si se mantiene el promedio diario, la consultora proyecta más de 760 víctimas totales (muertos, heridos y sobrevivientes) después de la elección, indica el informe.

La cifra de muertes que se eleva a 231 homicidios al considerar también a funcionarios o exfuncionarios, líderes políticos o expolíticos, familiares y víctimas colaterales que no son candidatos a cargos de elección

Tanto Integralia como el independiente Laboratorio Electoral, cifran en 35 los candidatos muertos, pero por su metodología para contabilizar a las víctimas colaterales, la primera contabiliza 231 asesinatos, y 82 homicidios en el laboratorio.

RESULTADOS DE UNA ESTRATEGIA

Rubén Aguilar, coautor de los libros «El narco: La guerra fallida» (2009), «. Los saldos del narco: El fracaso de una guerra (2012)», y «Jaque mate al crimen organizado» (2022), comenta en entrevista con la Agencia Sputnik que el país norteamericano sufre el proceso electoral que tenga registro.

«Este proceso es el más violento en la historia mexicana porque se da en el marco del sexenio más violento de la historia del país que lleva más de 188.500 muertos y terminará con alrededor de 200.000 asesinatos», afirma el también catedrático de sociología en la jesuita Universidad Iberoamericana.

La violencia no se presenta aislada, indica el autor, sino que implica un sexenio con un promedio de 36.000 homicidios dolosos por año y más de 90 homicidios dolosos cada día a lo largo de la administración de López Obrador.

«Se debe básicamente al planteamiento estratégico que hizo el Gobierno de militarizar la seguridad pública, en el marco de una estrategia que se sostiene en dos principios: ‘abrazos y no balazos’ contra el crimen organizado, y no desplegar a la fuerza pública porque supone que genera más violencia», explica.

El investigador señala que el fenómeno criminal se salió de control debido a la estrategia gubernamental que evitó confrontar a los delincuentes, argumentando una búsqueda de menor conflictividad.

«Esta negativa al combate frontal de los cárteles es la esencia que diferencia a las anteriores estrategias de seguridad pública, a pesar de que también se basaron en la participación del Ejército», prosigue Aguilar

En efecto, el actual Gobierno desmanteló la antigua Policía federal, con el argumento de que se había corrompido, y ordenó la formación de una Guardia Nacional integrada por militares procedentes de las Fuerzas Armadas.

«Este proceso hizo que los propios grupos criminales se mataran entre sí más que nunca, en una lucha sin cuartel para obtener los privilegios de controlar la actividad económica en un Estado donde no serán agredidos ni perseguidos.

LUCHA POR EL TERRITORIO

El análisis de este fenómeno lleva al Comando Sur de EEUU y a consultoras mexicanas que trabajan el tema a estimar que, en la recta final del sexenio, el crimen organizado controla una tercera parte del territorio mexicano.

La agencia antidrogas estadounidense DEA señal´`o el mes pasado que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación «han causado la peor crisis de drogas en la historia» en EEUU y dictan el flujo de drogas ilícitas, particularmente de drogas sintéticas como el fentanilo.

Por su parte, el general Glen Van Herk, jefe del Comando Norte de EEUU, aseguró en marzo pasado que «entre el 30 y 35 por ciento del territorio mexicano es controlado por grupos delictivos».

Un mapa de riesgo electoral presentado por la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez indica que, de unas 70.700 seccionales electorales, 21.000 están en manos del crimen y coloca focos rojos en una región que también equivale a la tercera arte del país norteamericano.

Todo apunta al eslabón más débil del poder político mexicano: los alcaldes.

«Controlar las alcaldías les permite a los criminales la posibilidad de tomar el mando de las policías municipales y controlar las obras públicas, negocios de construcción, apropiarse de los mataderos municipales de ganado, extorsiones en mercados y comercios» explica el autor a esta agencia.

Al ir ampliando el control territorial, los grupos criminales fueron acogiendo más actividades después del narcotráfico, y se expandieron a otros delitos menores.

Controlan la trata de personas, la ventas de alcohol adulterado, chantajes a dueños de bares, maquinas tragamonedas, centros nocturnos, carreras de caballos y de gallos en palenques de apuestas ilícitas: es la huella del poder criminal que se extiende.

UNA SOMBRA QUE CRECE

Y más aun, están saliendo de la ilegalidad a la luz pública, con la imagen lavada.

«Hay una tendencia creciente del crimen organizado a cooptar el poder político y militar, para transitar de las actividades ilícitas a las actividades legales, sin dejar las acciones delincuenciales tradicionales como el tráfico de drogas, armas y personas», alerta Aguilar.

Cita algunos ejemplos: En Guerrero (sur) son dueños de la ganadería y rastros municipales para sacrificio de animales, controlan las direcciones de obras públicas municipales, deciden a quien contratan para la ejecución de proyectos gubernamentales, como la construcción y mantenimiento de carreteras y escuelas.

Después de las elecciones de medio mandato presidencial de 2021, cuando las dirigencias opositoras locales completas fueron secuestradas en estados del noroeste del país, un documento fue entregado a la Organización de Estados Americanos.

El informe de la coalición opositora documentaba con pruebas la intervención del crimen en la elección en el noroeste: Sinaloa, Sonora, Baja California.

Para 2024 el narcotráfico se apoderó de la frontera sur con Guatemala en particular del estado de Chiapas (sureste).

Organizaciones defensoras de derechos humanos como el católico centro Fray Bartolomé de las Casas claman por la presencia de las fuerzas federales en una zona de nadie, mientras el Gobierno reafirma que no usará la fuerza pública.

El Instituto Nacional Electoral informó a pocos días de los comicios el riesgo de instalación en 519 casillas de Chiapas, casi 7,5 por ciento, por problemas de violencia y conflictos políticos.

De los 13 distritos electorales federales que integran Chiapas, hay problemas de inseguridad o sociales en nueve, que incluso ha provocado cientos de personas desplazadas.

Allí se votará bajo las balas, o no se votará.

Según la consultora T-Research especializada en registros oficiales de violencia, los más de 188.000 homicidios, durante la administración de López Obrador -2018 hasta la fecha-, superan el total de 156.066 asesinatos en todos los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). (Europa Press)