El vuelo despegó esta mañana con destino a Caracas, Venezuela, cumpliendo con el criterio del Gobierno y del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), que es priorizar la expulsión del país de las personas extranjeras que han cometido delitos y que tienen antecedentes penales.
De las personas venezolanas expulsadas en este vuelo, 55 cometieron delitos como asociación ilícita, robo con intimidación, robo con violencia, tráfico ilícito de drogas, tenencia de armas de fuego, secuestro, robo en lugar habitado, porte ilegal de armas de fuego, entre otros. Las 10 expulsiones administrativas fueron por ingreso por paso no habilitado.
Durante el 2024, se ha expulsado a un total de 411 personas a distintos países, 208 de ellas corresponden a expulsiones administrativas y 203 judiciales.
El director de SERMIG, Luis Eduardo Thayer, sostuvo que “las personas que cometan delitos en nuestro país o que ingresen irregularmente serán expulsados. Se trata de una minoría de extranjeros que residen en nuestro país, pero es una minoría que hace mucho daño. El vuelo de hoy, los 11 anteriores y los próximos vuelos que estamos coordinando son una expresión de esta determinación del Gobierno”.
“Trabajamos en hacer más eficaces los procesos de expulsión y mejorar la capacidad del Estado. Para eso se necesitan mayores facultades para policías y el Servicio Nacional de Migraciones; por ejemplo, atribuciones para la detención de las personas y mecanismos de control de la movilidad de quienes tienen orden de expulsión; junto con seguir avanzando en la coordinación con los países de origen para materializar las expulsiones”, agregó el Director Nacional de Migraciones.
Por su parte, el Prefecto Inspector Christian Sáez, jefe de Migraciones y Policía Internacional de la PDI informó que “hoy se ha concretado la materialización de 55 expulsiones judiciales y 10 expulsiones administrativas. Respecto a las expulsiones judiciales se refiere a personas de nacionalidad venezolana que fueron condenados por diversos delitos como robo con intimidación, asociación ilícita, porte ilegal de arma de fuego, secuestro, entre otros delitos”.
De esta manera, “la Policía de Investigaciones de Chile, en coordinación con el Servicio Nacional de Migraciones, Cancillería, el consulado de Venezuela y Gendarmería de Chile, ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los tribunales», concluyó el Prefecto Inspector de PDI.
