La ministra del Interior, Carolina Tohá, junto al ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, y la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos, se reunieron este lunes con las mesas directivas del Congreso, encabezadas por los presidentes del Senado, José García, y de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola, para avanzar sustantivamente en la priorización de 32 iniciativas legislativas para 2024 y 2025.
La titular de Interior manifestó que “hemos logrado en el día de hoy un avance muy importante en el sentido de establecer los proyectos que van a estar en este fast track, establecer los plazos del primer grupo de proyectos que nos comprometemos a despachar y establecer también una metodología de trabajo para acordar los detalles del resto de los proyectos que van a estar en este esfuerzo. Son un total de 32 iniciativas legislativas que tienen distinto origen”.
El acuerdo alcanzado establece el despacho de dos proyectos en el mes de junio: 1) el que crea el Ministerio de Seguridad y 2) el proyecto de Reincidencia. En un segundo grupo –cuyo compromiso es despacharlos en septiembre de 2024- están considerados los proyectos de ley: 3) que crea el Sistema de Inteligencia del Estado; 4) Inteligencia Económica; 5) Reglas de Uso de la Fuerza; 6) que Refuerza la Seguridad Municipal; 7) que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas; 8) Fortalecimiento del Ministerio Público; 9) sobre Derechos y Deberes en espectáculos de fútbol profesional (violencia en los estadios) y 10) el que aumenta el plazo máximo para considerar una situación entre hipótesis de flagrancia.
A estas 10 iniciativas se suman 22 proyectos de ley priorizados para una tercera etapa del fast track. “Vamos a trabajar para que esos 22 proyectos, en un año más, sean Ley de la República, es decir, en mayo del 2025. Sin embargo, vamos a dividirlos en grupos y programación de estos 22 proyectos la vamos a detallar con los presidentes de las comisiones”, explicó la jefa de gabinete y agregó que el cronograma establece un paquete de proyectos a despachar antes de fin de año; otro paquete en marzo de 2025 y una última etapa tendrá como plazo máximo mayo de 2025.
Al respecto, el presidente del Senado, José García Ruminot, señaló que “la seguridad es la principal prioridad de nuestras ciudadanas y de nuestros ciudadanos y creemos que los órganos colegisladores, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tenemos que tener la capacidad de responder a esa necesidad de la ciudadanía”. Asimismo, recalcó que “la agenda es muy exigente. Podríamos incluso decir que es muy ambiciosa y es muy apretada respecto de los plazos”, y aclaró que “asumimos junto con el Ejecutivo nuestra voluntad y nuestra decisión de poner celeridad a esta agenda”.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Karol Cariola, valoró el trabajo colaborativo en la construcción de la agenda priorizada de proyectos de ley. “Desde la Cámara de Diputados y Diputadas convocamos a todos los comités a presentar sus propuestas y queremos agradecer y valorar que el Gobierno se ha allanado a recoger muchas de estas mociones parlamentarias que han sido iniciativa de las y los parlamentarios. Porque, tal como el Gobierno y particularmente a la ministra del Interior, Carolina Tohá, le preocupa hacerse cargo de la responsabilidad importante que tenemos como país de que los chilenos y chilenas puedan vivir con mayor seguridad, a las y los parlamentarios también nos preocupa. Y por eso es que hemos hablado no solo de la seguridad pública, sino que también de poder construir acuerdos de avance legislativo en seguridad social, en seguridad económica”, afirmó Cariola.
Finalmente, el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, valoró “la disposición que han tenido los presidentes de ambas Cámaras, junto a sus respectivas mesas, para arribar a un acuerdo que nos permita establecer una agenda común para avanzar en los proyectos vinculados a la seguridad pública, sobre la base de la buena experiencia que se tuvo en el acuerdo previo. Y sobre todo, destacar que el número significativo de leyes que hemos aprobado y aquellas que están en trámite representan un cambio en las herramientas con que contamos para elevar los estándares de seguridad en Chile”.
