Fiscalía peruana presenta denuncia constitucional contra Dina Boluarte
El Ministerio Público ha explicado que "los hechos están referidos a que la investigada habría recibido --en calidad de donación-- del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tres relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta".
La Fiscalía de Perú ha anunciado este lunes que ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado en el marco del ‘caso Rolex’.
El Ministerio Público ha explicado que «los hechos están referidos a que la investigada habría recibido –en calidad de donación– del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tres relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta».
Este organismo ha informado a través de su perfil en la red social X de que esta medida la ha llevado a cabo el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales. La denuncia recaerá en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde los parlamentarios tendrán que decidir si iniciar el proceso respectivo.
Horas antes, el juez del Tribunal Supremo de Perú Juan Carlos Checkley desestimó un recurso de Boluarte contra esta investigación. La defensa de la mandataria alegó una vulneración del derecho a la defensa y de igualdad ante las partes porque la Fiscalía no le habría permitido intervenir en diligencias de extracción de información de fuente abierta, es decir, informes publicados en medios de comunicación.
Boluarte está siendo investigada por un delito de presunto enriquecimiento ilícito en agravio del Estado por la posesión de varios relojes de lujo que ha lucido en sus intervenciones. Los relojes y joyas no aparecen en las declaraciones juradas y suponen un importante incremento patrimonial no justificado. La Policía y la Fiscalía llegaron a registrar el Palacio de Gobierno y la residencia personal de la mandataria. (Europa Press)
