Gobierno de Argentina vuelve a enviar «ley ómnibus» al Congreso y presenta paquete fiscal

El borrador de la ley, que se redujo de 664 a 279 artículos, propone la declaración de emergencia pública por un año en cuatro áreas: administrativa, económica, financiera y energética, sobre las que el presidente tendría facultades legislativas.

El Gobierno argentino hizo llegar al Congreso una versión reducida de un proyecto de ley cuyo tratamiento fracasó en febrero en la Cámara de Diputados, la llamada Ley Bases, y un paquete de medidas fiscales que constituyen dos de las principales iniciativas del plan económico del presidente, Javier Milei.

«Hemos enviado el borrador con la Ley Bases y las modificaciones en las leyes fiscales», afirmó el coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Nahuel Levaggi.

El borrador de la «ley ómnibus» o Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, remitido a los gobernadores y a los jefes de bloques del Congreso, es un proyecto fundacional para la actual gestión por delegar facultades legislativas en el presidente y por habilitar las privatizaciones de empresas públicas.

«Nos encontramos frente a una segunda oportunidad; tenemos confianza en que estamos en otro nivel de madurez», señaló Adorni durante su comparecencia.

Con vistas a tratar la norma en la Cámara de Diputados el 24 de abril, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de gabinete, Nicolás Posse, llevaron adelante durante las últimas semanas las negociaciones con los jefes parlamentarios y con los gobernadores del país.

En virtud de ese trabajo, «lograron acordar un rumbo con los dirigentes más relevantes de la oposición», afirmó Adorni.

El borrador de la ley, que se redujo de 664 a 279 artículos, propone la declaración de emergencia pública por un año en cuatro áreas: administrativa, económica, financiera y energética, sobre las que el presidente tendría facultades legislativas.

El texto presentado también avanza sobre una reforma del Estado que busca disminuir las dimensiones de la administración pública, lo que permitiría que determinados sectores fueran fusionados, escindidos, disueltos o transferidos a los distritos del país.

Respecto a las privatizaciones, el proyecto actual propone que sean 18 las empresas susceptibles de pasar a manos privadas, frente a las 40 que proponía el proyecto original.

Cuatro empresas podrán ser privatizadas por completo: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Intercargo y Radio y Televisión Argentina.

Las otras 14 estarían sujetas a una privatización parcial, como el Banco público Nación o la productora Yacimientos Carboníferos Río Turbio, o a una concesión, como Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), Correo Oficial, y las empresas que prestan los servicios de transporte ferroviario, como Belgrano Cargas y Logística, o la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse).

Paquete fiscal

En un texto de 101 artículos, el proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes establece una rebaja del impuesto sobre Bienes Personales (a la renta).

En concreto, la actual gestión propone una alícuota de 0,45 por ciento anual para quienes adelanten el pago de este tributo por el período 2023-2027 y estabilidad fiscal hasta 2038, lo que significa que no pagarán más impuestos patrimoniales por ese período.

El oficialismo también espera restituir el impuesto a las ganancias (salarios o ingresos) modificado en el último tramo del Gobierno anterior, de manera que el mínimo no imponible queda en 1,8 millones de pesos para solteros (unos 1.800 dólares) y en 2,2 millones de pesos para las familias con hijos.

El proyecto también incluye un proceso de regularización de capitales no declarados, denominado Régimen de Regularización de Activos, que entraría en vigor desde la aprobación de la ley hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de julio de ese año.

Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, este capítulo exime de pagar por declarar hasta 100.000 dólares, siempre que no retiren los fondos hasta 2026.

Al estar en minoría parlamentaria, el Gobierno debe negociar con otras fuerzas de la oposición el tratamiento de esta normativa para sortear el rechazo del bloque peronista, que es la primera fuerza en ambas cámaras del parlamento, con 105 diputados y 33 senadores.

La coalición gobernante Libertad Avanza (ultraderecha) tiene apenas 40 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y siete de los 72 asientos del Senado.

En este contexto, el Ejecutivo de Milei lleva adelante un importante plan de ajuste para alcanzar el equilibrio fiscal y reducir la inflación, lo que ha llevado a una severa reducción del gasto público y a una licuación de los ingresos en un contexto de recesión. (Sputnik)

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