Esta mañana, en la Cámara Nacional de Comercio, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego; el presidente de la CNC, José Pakomio, y el subdirector de Investigación Aplicada del Centro de Políticas Públicas UC, Cristián Crespo, dieron a conocer las propuestas para enfrentar diversas problemáticas que se generan en torno al comercio ambulante en la Región Metropolitana.
Estas propuestas fueron elaboradas en base al Estudio de caracterización de comercio ambulante 2023, documentos de trabajo de mesas del Gobierno de Santiago previamente realizadas, análisis de experiencias comparadas, estadísticas oficiales, bibliografía especializada, asesoría de la Cámara Nacional de Comercio y la Fundación Paz Ciudadana, así como entrevistas semiestructuradas a representantes de instituciones vinculadas a los problemas centrales del comercio ambulante.
Claudio Orrego, gobernador de Santiago, señaló que “tenemos que pasar del operativo puntual a la política integral. Estas 30 medidas, en seis ámbitos específicos, son para proponer un cambio de mirada y combatir al comercio ilícito. En los próximos días vamos a pedirle una reunión a la ministra del Interior para llevarle estas propuestas, que ojalá sean acogidas por el gobierno, para abordar de manera integral este fenómeno».
Con estos insumos se identificaron diversas problemáticas. En primer lugar, la limitada capacidad para la fiscalización y el control del comercio ambulante, lo que queda de manifiesto en los resultados del estudio anteriormente nombrado, ya que solo el 29,8% de los vendedores considera absolutamente improbable que sus productos sean requisados, mientras el 40,2% lo cree poco o algo probable.
Una segunda problemática levantada hace referencia al escaso foco de investigación de causas delictuales asociadas a comercio ambulante y, en tercer lugar, la presencia de crimen organizado en la venta ambulante, que – en ciertos casos – utiliza esta actividad como fachada para distribuir bienes ilegales o que se han obtenido de manera fraudulenta.
Para enfrentar estas tres situaciones, se propone un conjunto de medidas, entre estas un programa de reforzamiento de la fiscalización en la vía pública, un fono denuncia anónimo, una mesa interinstitucional para la coordinación de la fiscalización, mapas de riesgo para el control de la distribución a ambulantes, un proyecto investigativo de bandas criminales asociadas a comercio ambulante y un proyecto de control de contrabando y robo de transportes de distribución.
Desde el Centro de Políticas Públicas UC, Cristián Crespo, señaló que “existen múltiples problemas que explican el fenómeno del comercio ambulante. Un conjunto de soluciones debe provenir necesariamente de un incremento y mayor eficiencia en la fiscalización y la investigación. A su vez, es necesario impactar en factores sociales que contribuyen a explicar esta problemática. En resumen, para el abordaje del comercio ambulante se requiere implementar un plan integral”.
Adicionalmente, se distingue como otra problemática el aumento de la población económicamente activa ejerciendo o dispuesta a ejercer comercio ambulante, registrando un 82,9% de satisfacción entre los vendedores, en el estudio de caracterización de comercio ambulante.
Por otro lado, se identifican dificultades institucionales para regular la venta en bienes nacionales de uso público, lo que se ve reflejado en que el 72,2% de los vendedores no cuenta con un permiso municipal, porcentaje que llega al 90,6% en el caso de los vendedores extranjeros.
Por último, se observan limitaciones para el empleo formal de personas migrantes asociadas al comercio ambulante; esto es especialmente relevante dado que, según la investigación, el 42% de los vendedores son migrantes, y de ellos solo el 36,5% cuenta con visa o residencia en Chile.
Para esto se proponen distintas medidas, por una parte, aquellas que van en línea con la incorporación de los vendedores al mercado laboral formal, como la implementación de un plan de apoyo para el tránsito a la formalización y un programa de reconversión a oficios de ejercicio autónomo; y por otro, aquellas que apuntan a esfuerzos administrativos y comunicacionales, como la creación de un plan macroterritorial para la coordinación entre municipios, una plataforma unificada de registro de vendedores ambulantes, asesoría en gestión de espacio público, una campaña de concientización sobre los riesgos y responsabilidad de compra en comercio ambulante, y una campaña informativa sobre normativa migratoria y de empleo, capacitación y certificación.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, señaló que “estamos muy esperanzados con este estudio, en sus resultados, conclusiones y en todo lo que podemos realizar para hacer frente al comercio ambulante. Esto cobra especial urgencia en tiempos electorales, porque necesitamos instalar que no es posible que el espacio público y su utilización sean una herramienta para capturar votos. Está en nosotros generar la conciencia y la necesidad de que este tema debe ser prioritario, por lo que este trabajo y la colaboración de todos, podrá convertirse en la piedra angular sobre la que se puede construir un importante acuerdo que se traduzca en mejoras concretas que nos lleven a un mejor comercio y a una mejor ciudad”.
En total, la propuesta de política pública contempla 30 iniciativas, para abordar en específico cada una de las problemáticas. Además, incluye orientaciones para la implementación, considerando por cada componente sus posibles participantes, plazo temporal (corto, mediano, largo), tipos de recursos necesarios y actividades claves a ejecutar.
Posteriormente, se realizó un panel de conversación en el que se analizaron estas propuestas, en el que participaron Pía Greene, académica de la Universidad San Sebastián; Antonio Frey, director ejecutivo regional de la Fiscalía Región Metropolitana Sur y Paula Bobadilla, alcaldesa de Quilicura.
