Mauro Valdés sobre permisología: “Reformas presentadas por el gobierno son parte de la solución, pero no son todo”

El presidente de Minnovex analizó las reformas del gobierno presentadas en enero del presente año cuyo fin es modernizar el Servicio de Evaluación Ambiental y mejorar el otorgamiento de permisos sectoriales. “Es necesario que el gobierno lidere y haga su apuesta por el desarrollo minero, y en paralelo también, de proveedores mineros de base tecnológica”, enfatizó Valdés.   

El foco por mantener la competitividad minera de Chile ha tenido repercusión en el ámbito público y privado, lo que ha gatillado acciones concretas para mejorar procesos capaces de destrabar proyectos de inversión. En enero de este año el Gobierno de Chile presentó dos reformas a la “permisología”, incluyendo una propuesta para un nuevo Sistema Inteligente de Permisos que busca simplificar los procesos de autorización sectorial, reducir tiempos y dar certezas a los inversionistas y, en segundo término, una evaluación Ambiental 2.0 cuyo propósito es modernizar y mejorar los instrumentos de gestión ambiental vigentes.

En este contexto, el presidente de la Asociación de empresas para la innovación y exportación de productos y servicios intensivos en conocimiento (Minnovex), Mauro Valdés analizó cómo podrían repercutir estas iniciativas en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para la industria minera.

“Es indispensable un nuevo pacto en torno a la potencialidad de la minería como tractor de inversión”, aseguró Valdés.

Reformas

En general, ¿cuál es su apreciación de la reforma a la “permisología” que presentó el Gobierno en enero del presente año?

El pasado 10 de enero de 2024, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó dos proyectos de ley que buscan modernizar el SEIA y mejorar el otorgamiento de permisos sectoriales.

Estos proyectos forman parte del “Pacto por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal”, con el fin de agilizar la inversión y el crecimiento económico, manteniendo altos estándares medioambientales y sociales.

Con la presentación de ambos proyectos, el Gobierno espera, en palabras del ministro Marcel: “incrementar el nivel del PIB en un 2,4% al cabo de diez años y en la medida que aumente el producto también aumenta el nivel de ingresos fiscales en alrededor de un 0,3% del Producto”.

En general tengo una buena evaluación de ambas iniciativas. En primer lugar, es muy positivo que el Gobierno asuma en profundidad uno de los desafíos más consensuados y de mayor complejidad para el crecimiento económico con la necesaria protección ambiental y consenso social. La filosofía que informa los proyectos también parece correcta, en el sentido de no considerar las dificultades simplemente como “lomos de toro”, sino una necesidad de poner al día cultural y jurídicamente la institucionalidad y procedimientos que involucran equilibrios móviles y difíciles de lograr, en un contexto de economía procesal, necesidad de certezas y una clara protección ambiental, más que evaluaciones de requerimientos formales donde se pierde el bien jurídico protegido.

Acabar con la discrecionalidad

¿Considera que es posible acabar con la discrecionalidad en todo el proceso de evaluación?

Dicho lo anterior, me preocupan ciertas posiciones que buscan erradicar la política de las decisiones de evaluación ambiental, cuando indefectiblemente estas decisiones tienen un fuerte componente político que no es posible ni conveniente negar. Si se eliminan completamente las autoridades políticas del proceso se corre el riesgo que igual ejerzan su influencia, pero al margen del mismo. Más bien hay que darle cauce y predictibilidad a la política y, una vez resueltos los temas técnicos y políticos, estabilidad y certeza a las decisiones. Por eso creo que es atendible lo propuesto por el Consejo Minero, en el sentido de darle una gobernanza colectiva al SEA al estilo de la CMF.

Uno de los problemas más graves que hoy tenemos es que solo al final del proceso, después de la evaluación ¨técnica¨, vienen las decisiones de instancias colectivas que incluyen las consideraciones políticas. El titular del proyecto se encuentra tardíamente con esta discusión, después de haber hecho todo el esfuerzo técnico de la evaluación. Para que ello no suceda es conveniente adelantar esa discusión, idealmente reforzando la planificación territorial anticipada, que de luces claras sobre las vocaciones productivas de los distintos territorios y viabilidad de los proyectos.

Inversión y nuevas tecnologías

¿Qué relación puede tener esto en la inversión y prueba de nuevas tecnologías mineras? ¿Cuáles son los pasos requeridos y trabas que existen?

En los últimos días ha estado fuerte en el tapete la discusión sobre si Chile jugará el rol al que está llamado en la descarbonización, especialmente en la producción de los minerales necesarios para ello. La respuesta claramente se está esbozando en forma negativa, o al menos no todo lo positiva que podría haber sido. Nuestra producción de cobre decrece. La de litio llegará tarde, si es que llega.

Las reformas presentadas por el gobierno son parte de la solución, pero no son todo. Es indispensable un nuevo pacto en torno a la potencialidad de la minería como tractor de inversión, de conocimiento, de innovación y de tecnología, tal como lo han destacado la política nacional de minería, el congreso del futuro y múltiples actores de todos los orígenes políticos, empresariales y territoriales. No veo que esto se esté tomando suficientemente en serio.

La última prueba de esto fue que finalmente se zanjó la discusión del royalty minero… pero solo para incrementar los pagos. Para gastarlo, en vez de destinarlo a I+D+i, como se ha venido proponiendo desde el primer royalty del presidente Lagos en 2006, se repartió como mantequilla entre regiones y comunas, no necesariamente mineras ni con verdadera vocación de desarrollo tecnológico ni productivo. Esto sucedió en las últimas semanas de tramitación de esa ley, y volvió a poner a la minería en una posición denostadora, de “vaca lechera”, en vez de tractor de capacidades humanas, sociales y tecnológicas.

Es necesario que el gobierno lidere y haga su apuesta por el desarrollo minero, y en paralelo también de proveedores mineros de base tecnológica. Codelco puede y debe impulsar esto, y en ese sentido el convenio entre Minnovex y la estatal debería tomar carne este año.

¿Cómo cree que se puede potenciar la inversión en nuevas tecnologías con aplicación para la minería?

Hemos avanzado mucho en institucionalidad. Tenemos un organismo coordinador como la Corporación Alta Ley, centros de pilotaje como el CNP y el Ciptemin, asociaciones de proveedores como Minnovex, se está echando a andar el Instituto Chileno de Energias Limpias en Antofagasta.

Por otro lado, Chile es reconocidamente uno de los ecosistemas más activos del mundo en emprendimiento en minería. Pero aún falta convicción política en la apuesta, falta inversión, y falta asociatividad en torno al proyecto de convertir al país en un exportador de minería, cuyo impacto y proyecciones pueden ser gigantes. La tecnología en minería es parte de una apuesta mayor, de posibilidades de progreso en torno a recursos naturales que los países escandinavos, por ejemplo, han entendido cabalmente, pero que nosotros seguimos mirando con pudor, si no es derechamente con desconfianza. La reducción de nuestra participación del 36% al 26% de la producción mundial de cobre en 20 años es alarmante en este sentido.

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El Periodista