Bukele, la mano dura contra las pandillas

Todo parece listo en El Salvador para que Nayib Bukele prolongue a partir de este domingo otros cinco años su mandato. En un país acostumbrado a la violencia, su estrategia de mano dura ha seducido de manera casi unánime a unos salvadoreños que han visto cómo en apenas tres años se han despojado del estigma que les señalaba como una de las sociedades más violentas del mundo.

Las críticas por sortear la Constitución para presentar su candidatura, sus políticas autoritarias –de las que ya dejó constancia durante la pandemia– y las denuncias internacionales a su estrategia de seguridad han tenido escasa relevancia dentro del país, donde la oposición está al borde de desaparecer, según los mismos sondeos, que le dan más de un 80 por ciento de los votos este domingo.

Bukele, nacido en 1981 como el quinto de diez hermanos, forma parte de la quinta generación de una familia de inmigrantes palestinos que llegó a El Salvador a comienzos del siglo XX. La suya fue una vida plácida entre los barrios de la élite económica, mientras la guerra civil (1979-1992) se dirimía en las montañas.

No fue hasta 2011 cuando dio el salto a la política como candidato al gobierno de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio en la periferia de San Salvador, la capital, de mano del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), a cuyos guerrilleros su familia solía recibir durante el conflicto interno.

Después de tres años como alcalde de Nuevo Cuscatlán, estuvo al frente de la capital el mismo tiempo, periodo en el que comenzaron sus desaveniencias con el FMLN, que perdió una parte considerable de su electorado en las legislativas de 2018, un año después de la expulsión de un Bukele cuya clase social siempre causó recelo en un partido que se considera heredero de aquellos guerrilleros.

Ya con Nuevas Ideas, de corte populista y ‘atrapalotodo’ –sin ideología declarada y con aspiraciones a abarcar a todo tipo de electorado–, Bukele se impuso en las presidenciales de 2019, aprovechando su alto índice de popularidad en San Salvador y la decadencia de los partidos tradicionales, que se habían alternado durante tres décadas tanto en el poder como en las noticias sobre corrupción.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Aunque ya intentó dejar constancia de que era diferente en alguna que otra intervención en Naciones Unidas y durante la pandemia del coronavirus, irrumpiendo en los hogares salvadoreños a través de la televisión para señalar directamente con imágenes a quienes se saltaban las restricciones, ha sido su mediática lucha contra las pandillas lo que le catapultó a la arena política internacional.

Era marzo de 2022 cuando Bukele anunció la enésima estrategia salvadoreña para frenar unos altos índices de criminalidad y homicidios, solo comparables a países en situación de guerra. Aquel día, después de que la Mara Salvatrucha asesinara en apenas 24 horas a más de 80 personas, impuso un estado de excepción que aún continúa y no tiene visos de acabar, más si como está previsto sale reelegido.

Y es aquí donde surge el dilema. El éxito de su estrategia de seguridad –unos 74.000 detenidos, desmantelamiento de las pandillas y con unos índices de homicidios de los más bajos de América Latina– se ha logrado a base de lo que algunas organizaciones han considerado ataques a los Derechos Humanos y a costa de una ya de por sí golpeada democracia salvadoreña.

Bukele ha ido prolongando el estado de excepción gracias al control casi total que tiene de una Asamblea Nacional, que tras las elecciones de este domingo contará con menos escaños, lo que reduce la maniobrabilidad de una sometida oposición.

Un estado de excepción que suspende derechos fundamentales, como el de expresión y organización, que se suma a los ya previos ataques que su Gobierno ha lanzado contra la oposición, organizaciones internacionales y medios de comunicación, a los que ha acusado de apoyar el crimen por criticar su estrategia de seguridad.

Unos ataques que también ha sufrido la judicatura salvadoreña, la cual controla tras la purga de cinco jueces del Tribunal Supremo en mayo de 2021 y que permitió posteriormente una cuestionada reinterpretación de la Constitución que ha avalado su candidatura para estas elecciones, ya que no recoge la reelección.

No obstante, esto no sería posible sin el amplio apoyo de una sociedad que tras décadas de violencia, extorsiones y homicidios, asume como un mal menor los retrocesos democráticos que traen consigo las políticas del «dictador más cool del mundo», como él mismo se ha descrito con ironía, mientras continúen los buenos resultados de su estrategia de seguridad. (Europa Press)