Trabas para combatir la corrupción

La Contraloría General de la República tiene por obligación legal y constitucional efectuar auditorías dentro de los servicios que fiscaliza para velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público, la probidad administrativa y la inversión de los fondos públicos, como asimismo verificar la exactitud o razonabilidad de los respectivos estados financieros y la observancia de los principios de eficacia en el uso de los recursos públicos.

Esta importante entidad de control tiene que formular instrucciones y acciones correctivas para subsanar las infracciones, irregularidades y deficiencias que detecte de oficio o por denuncias de terceros. Cuando las ilegalidades detectadas son de cierta importancia, delitos por ejemplo, tiene que trasladar la documentación al Ministerio Público y en ocasiones al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Pues bien, la Contralora Regional de Tarapacá, Sandra Estay, molesta porque ciertos particulares de su región formulaban denuncias, en ocasiones, sin sustento, le solicitó a la sede central de la Contraloría que se enmendara esa situación para evitar tal incómoda situación que le hacía perder el tiempo en revisiones sin sentido.

El Contralor General, Jorge Bermúdez, con fecha 15/12/2023, firmó el dictamen N°E428343/2023, en el cual encontrándole la razón a la señora Estay, resolvió que las denuncias de particulares «deben ser desempeñadas de acuerdo con una racional, eficiente e idónea administración de los limitados recursos de la Contraloría General, por lo que en caso de no cumplirse con los requisitos establecidos para racionalizar el ejercicio de su labor dictaminadora o con los criterios que hacen factible un procedimiento de fiscalización no planificado, es posible abstenerse de dar la respuesta requerida o adoptar las acciones solicitadas».

En ese dictamen se le exige al particular que formula una acusación en contra de cualquier órgano público, que necesariamente tenga la condición de interesado directo en el erróneo procedimiento administrativo de tal servicio del Estado, luego los ciudadanos tenemos que demostrarle a la Contraloría que disponemos de legitimación para combatir la corrupción, sobre todo la municipal que es la más evidente y grosera (ver).

Como este dictamen que no nos gusta, porque es vinculante para todos los que luchamos contra las malas prácticas y afecta en particular a la fundación Defendamos la Ciudad, ente privado sin fines de lucro, independiente y autónomo, que se ha caracterizado a través del tiempo por ser un «cliente frecuente» en formular denuncias en la Contraloría, el 31/12/2023, último día del año que se nos fue, ingresó un texto dirigido a la nueva Contralora, Dorothy Pérez, solicitándole una aclaración al respecto, para saber a qué atenernos.

Pero como en esta vida hay muchas sorpresas, recordamos que la Ley N° 20.285 de Transparencia, es el resultado de una denuncia hecha hace años en la propia Contraloría por Defendamos la Ciudad, en conjunto con otras organizaciones civiles, con el liderazgo y conducción del joven abogado Moisés Sánchez. Lo anterior, porque habíamos detectado en el Diario Oficial la publicación de una serie de decretos, resoluciones y otros actos administrativos que consagraban el secretismo en plena democracia (Ver).

La respuesta y resolución del ex contralor Gustavo Sciolla, (QEPD), fue categórica y por esta razón existe actualmente la referida Ley N° 20.285, legislación que ha permitido evitar que se escondan bajo 7 llaves las decisiones tomadas por parte que aquellos que ejercen el poder político.

Nuestra fundación, desde que se creó, ha estado comprometida con la probidad y transparencia dentro del sistema de libre mercado que nos rige, pues cuando algunos de sus inversionistas, en ciertas ocasiones coludidos con funcionarios públicos, se apartan de las reglas del juego contenidas en las leyes y reglamentos, se produce una competencia desleal y distorsión en los precios de los bienes y servicios que se ofrecen a los consumidores, lo que consideramos una lacra que se debe erradicar.

Entendiendo y aceptando a priori que la Contralora Regional de Tarapacá, Sandra Estay, esté molesta por la repetición de denuncias sin sustento que se producen en su región, confiamos que el dictamen del 15/12/2023 del ex contralor, Jorge Bermúdez, será aclarado por la nueva contralora, Dorothy Pérez, para que así todos, sin excepción, por lo tanto sin acreditar legitimación, podamos denunciar los malos comportamientos de los funcionarios públicos y las avivadas de los empresarios prebendarios.