Papa Francisco veta a empresas evasoras de impuestos y contaminantes

El Papa excluirá de las licitaciones públicas del Vaticano a las empresas que evadan impuestos o que tengan su residencia en paraísos fiscales, así como a aquellas que no sean respetuosas con el medio ambiente, entre otras, en una nueva medida para evitar la corrupción en las operaciones financieras ligadas al Jubileo de la Esperanza que tendrá lugar en Roma en el 2025.

En dos nuevos Motu Proprio – publicadnos este martes por la oficina de prensa del Vaticano- Francisco, basándose en el texto de la nueva Constitución ‘Praedicate Evangelium’, ha decidido prohibir a las empresas -tanto italianas como extranjeras- que no pagan impuestos o que desvían sus beneficios empresariales hacia territorios de baja fiscalidad y paraísos fiscales su participación en los procesos de adjudicación de licitaciones.

Tampoco podrán participar las empresas

que no hayan pagado regularmente las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores, las que hayan cometido infracciones graves relacionadas con el pago de impuestos y tasas o las que estén sujetas a procedimientos de liquidación por bancarrota.

Con la nueva normativa, Francisco también ha excluido a las empresas que concurran en algún conflicto de interés. Se prohíben las licitaciones a los empresarios «residentes en jurisdicciones de alto riesgo de blanqueo de dinero, financiación del terrorismo y/o proliferación de armas de destrucción masiva, identificadas por la Autoridad de Supervisión e Información Financiera en el curso de su actividad institucional», añade el texto.

ELIMINA EL NEPOTISMO

El Pontífice también ha regulado la competencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, para que haya más control y transparencia. El objetivo principal es limitar las decisiones que en el pasado han llevado a un sistema nepotista en el que se han adjudicado contratos a empresas, a menudo dirigidas por parientes y amigos de cardenales, funcionarios o altos prelados de la Curia Romana.

Además ,el Papa ha establecido un techo en la autonomía de gasto de los distintos dicasterios, que estarán sometidos al control de la Secretaría de Economía, dirigida por el español Maximino Caballero Ledo.

«Dicho esto, se establece que se debe solicitar la aprobación cuando el acto supere el 2% de la cifra resultante del promedio calculado sobre los costos totales del organismo solicitante, según resulte de los presupuestos definitivos aprobados de los últimos tres años. En cualquier caso, no se requiere aprobación para actos cuyo valor sea inferior a 150.000,00 euros», recoge uno de los dos Motu Proprio.

Si se quiere impugnar la decisión se deberá presentar ante la Secretaría de Economía una reclamación «en el plazo perentorio de quince días desde la notificación, una solicitud de revocación o modificación de la medida, motivada», añade el documento.

Además los dicasterios podrán también recurrir las decisiones ante el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica.

En suma, el Papa ha aprobado estas dos medidas para definir mejor la gestión de los gastos de cada uno de los departamentos vaticanos y para mejorar así la transparencia en el sector de las adquisiciones.

En este sentido, Francisco subraya que el motu proprio quiere continuar el «discurso emprendido para favorecer la transparencia, el control y la competencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos», para una «aplicación más eficaz» de las normas que con las últimas modificaciones tienen en cuenta las «observaciones de las Instituciones vinculadas a la Santa Sede», la Gobernación y la experiencia «madurada en los últimos años».

En particular, el primer artículo del apartado 2 aclara, redefiniendo en cuatro puntos con respecto a 2020, los objetivos perseguidos por la normativa, en conformidad, dice, «con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, el ordenamiento canónico de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano y la Carta Encíclica Laudato si'», que se refieren a «la utilización sostenible de los fondos internos», «la transparencia del procedimiento de adjudicación», «la igualdad de trato y la no discriminación de los licitadores» y «la promoción de una competencia efectiva entre los licitadores, en particular mediante medidas contra los acuerdos de competencia ilícita y la corrupción». (Europa Press)