Jueces españoles no quieren ser investigados por actuaciones contra independentismo catalán
Por Jordi Oriola Folch
Desde fuera, normalmente se opina que Cataluña y España deberían negociar para encontrar la manera de continuar juntos. Pero desde Cataluña lo hemos intentado muchas veces, desde que en 1714 España sometió a Cataluña por la fuerza, y hemos llegado a la convicción de que no hay entendimiento posible y que la única solución es que cada uno siga su camino.
Tras los 40 años de dictadura de Franco, la situación internacional forzó una transición hacia un sistema que es democrático mientras no se cuestione la unidad de España.
Electoralmente se han alternado dos partidos: el Partido Popular fundado por siete exministros de Franco y el PSOE, un partido socialdemócrata, pero tan nacionalista como el PP. En 2004, Cataluña hizo un último intento con un nuevo Estatut para encontrar un encaje que la reconociera como nación dentro del Estado español, pero el PP, el PSOE y el Tribunal Constitucional degradaron el Estatut hasta dejar claro que España no quiere favorecer la plurinacionalidad ni reconocer a Cataluña, sino que su nacionalismo pretende el camino contrario: diluir Cataluña para homogeneizar España.
Por eso, en 2010, surgió un potente movimiento por la independencia de Cataluña que ha organizado las mayores manifestaciones en Europa, año tras año, hasta hoy. Y la reacción, tanto del gobierno del PP, como después del gobierno del PSOE, ha sido la represión con una acción combinada de los jueces, la policía, los servicios secretos, las cloacas del Estado y todo el entramado político y mediático. Se han hecho cosas muy graves contra Cataluña y esperamos que ahora saldrán a la luz y no serán desacreditadas como en el pasado.
Pero se ha producido un inesperado gran cambio gracias al resultado electoral del pasado julio. El PP ganó, pero no alcanzaba la mayoría para poder formar gobierno con la extrema derecha, por lo que su adversario, el PSOE, podía formar gobierno si recibía el apoyo del resto de partidos. Entonces, los independentistas de Junts, el partido de Carles Puigdemont, exigieron una amnistía para los perseguidos por la justicia y una negociación en Ginebra, con un mediador internacional, para abordar el derecho a la autodeterminación. Las grandes ansias de poder de Pedro Sánchez han hecho que el PSOE aceptara unas condiciones en las antípodas de lo que había defendido hasta ahora.
Además Puigdemont había puesto otra «pequeña» condición: crear tres comisiones parlamentarias para investigar la Operación Cataluña (una operación clandestina de los servicios secretos, policía y jueces para destruir al movimiento independentista catalán inventando pruebas falsas, acusando de corrupción, sobornando… ), otra comisión sobre los atentados yihadistas en Barcelona de 2017 (quiere investigarse ¿cómo es que la policía española tenía en nómina al jefe del grupo yihadista? ¿Por qué no impidieron el atentado si espiaban los teléfonos de los terroristas? ¿Y por qué no avisaron a la policía catalana?) y otra comisión sobre el espionaje ilegal con el software israelí Pegasus (el centro universitario canadiense Citizen Lab descubrió que, como mínimo, 67 teléfonos de políticos, activistas y abogados independentistas habían sido espiados con este software ilegal).
Para justificar estas comisiones de investigación, los socialistas han tenido que reconocer que ha habido «lawfare» (guerra sucia utilizando la justicia para destruir a adversarios políticos) contra el independentismo catalán, algo que habían negado hasta ahora. Y esto ha hecho saltar las alarmas dentro de los partidos de derecha y de los estamentos judiciales, porque hasta ahora el independentismo denunciaba estas prácticas, pero en España se decía que eran mentiras y se criminalizaba al independentismo inventando relatos que se difundían con gran potencia mediática. Por eso la ciudadanía española está reaccionando con asombro, incredulidad y rabia por el hecho de que se esté pactando con los que se les había explicado que eran golpistas y terroristas.
El PSOE ha reconocido la «lawfare», porque quiere el apoyo del independentismo, pero no lo hubiera hecho de no ser verdad, y el Consejo General del Poder Judicial, los jueces del Tribunal Supremo y los organismos corporativos de los jueces han salido en tromba a criticar que se les quiera investigar y que se les cite a declarar en sede parlamentaria. E incluso han pedido la inhabilitación y condena de la diputada Míriam Nogueras que, en el Congreso español, señaló a los magistrados, según ella, más implicados en la «lawfare»: Carlos Lesmes, Manuel Marchena, Pablo Llarena y Carmen Lamela. Hasta ahora habían tenido impunidad para hacer y deshacer en todo lo que iba en contra del independentismo catalán, pero ahora sienten que esa impunidad podría terminarse y se encuentran en falso. Creían que, por ser jueces, no podrían ser perseguidos y se niegan a tener que rendir cuentas.
No sabemos hasta dónde llegará Pedro Sánchez por su necesidad de los votos independentistas, pero al fin hay una coyuntura que hace emerger la verdad de lo que ha pasado en España. Europa tendría que estar atenta y no sucumbir a la tentación de taparlo o justificarlo para ayudar a un miembro de la UE, sino que haría bien en ayudar a esclarecer la verdad y presionar para que Cataluña pueda ejercer el derecho a la autodeterminación que se merece. La verdad y una actuación recta y democrática también ayudarán a Europa.
