Jorge Cantallopts, de CESCO y reforma a permisos sectoriales: “Vemos que impactaría positivamente a la competitividad”

Mejorar la posición competitiva minera de Chile en un escenario donde el país enfrenta envejecimiento de los yacimientos, mayor dureza de las rocas y una creciente caída en las leyes de cobre, es un asunto que tomó relevancia entre el sector público y el privado. Además, existe desde hace algunos años la preocupación con respecto a los permisos ambientales y sectoriales que se deben obtener para aprobar proyectos.

En algunos casos, para proyectos de gran envergadura minera se contabilizan más de 4.000 permisos y en torno a cuatro años extra de tramitación. Frente a esta situación, el Gobierno presentó el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, el cual conforma el nuevo Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial. La iniciativa aborda todos los permisos no ambientales necesarios para el desarrollo de proyectos y actividades en áreas reguladas, con la idea de simplificar los procesos, reducir los tiempos de tramitación y entregar más certezas a los inversionistas, sin alterar los estándares técnicos y protegiendo la seguridad de las personas, la salud y el medio ambiente.

El director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre (CESCO), Jorge Cantallopts analizó la situación actual de permisología y competitividad de la industria minera nacional.

Permisos, proyectos y competitividad

-Según proyecta Cochilco, el catastro de proyectos mineros al año 2032 se reducirá en un 11%. ¿Es posible que Chile atraiga más inversión minera?

Los cambios en las carteras inversionales de Cochilco se dan usualmente por dos motivos: puesta en marcha de proyectos y salida de proyectos fuera del horizonte de análisis. Chile cuenta con yacimientos importantes, tanto en explotación como en exploración y estudios de ingeniería. La necesidad creciente de cobre en el mundo impulsará a los primeros a extender su vida útil en el mediano plazo y podría acelerar el desarrollo del segundo grupo, lo que mantiene a Chile en una posición atractiva para invertir. Asimismo, sabemos que hay espacios de mejora a nivel institucional que pueden contribuir a mejorar la inversión, por lo que esperamos que las autoridades puedan impulsar dichas modernizaciones.

-¿Cómo se verá afectada la competitividad de la industria minera en Chile la eventual aprobación de las reformas de “permisología”?

Creemos que las reformas propuestas van en el camino correcto, permitiendo acelerar las tramitaciones sectoriales y las ambientales, sin afectar la eficacia de dichos procesos regulatorios. Si bien hay aspectos que aún es necesario analizar en profundidad, vemos que impactarían positivamente a la competitividad de nuestro país.

Un sistema desafiado

¿Qué desafíos ha detectado en las reformas a la permisología?

El primero tiene que ver con la viabilidad del “silencio administrativo”, que, si no se aborda de forma correcta, podría entregar incertezas y retraso si eventualmente los proyectos llegaran a Tribunal Ambiental o a tribunales ordinarios. Existen proyectos que han sido aprobados ambientalmente por la autoridad, pero que por ejemplo no se consideró el proceso de consulta indígena, porque así lo definió en su momento el SEA, y posteriormente han sido llevados a tribunales donde se solicitó retrotraer la aprobación del proyecto exigiendo consulta, retrasando los avances. Con el silencio administrativo, pueden ocurrir casos similares.

Un segundo punto, tiene que ver con la “inclusión de criterios de proporcionalidad en la tramitación”. Esto permitiría establecer procedimientos que reemplacen autorizaciones por declaraciones, en razón del “riesgo de cada obra, instalación o actividad de un proyecto”, afectando la eficacia de los procesos, y sin abordar el tema más importante: una definición adecuada según tamaño de iniciativa o compañía que solicita los permisos sectoriales. Es un hecho que muchas operaciones de mediana envergadura se han visto afectadas por permisos sectoriales excesivos y no dimensionados a las realidades de los solicitantes.

-En el caso de la reforma “Evaluación Ambiental 2.0” del SEA, se propone eliminar el Comité de Ministros, quedando las decisiones finales en la dirección ejecutiva. ¿Cómo cree que impactará esto en la aprobación de proyectos?

Es un avance importante eliminar el factor político dentro de la aprobación ambiental, fortaleciendo la decisión técnica de los servicios. Sin embargo, es importante asegurar que los Directores regionales del SEA, quienes serían los responsables de dar la “última palabra” en materia de aprobación ambiental, tengan un perfil técnico y no asociado a ciclos políticos.

Asimismo, y en relación con los recursos de reclamación que también se propone que sean revisados por la Dirección Ejecutiva del SEA, para evitar entrampamientos en este proceso, debiesen ser los Tribunales Ambientales quienes adquieran esta responsabilidad, evitando posteriores procesos de judicialización innecesaria.

¿Están preparados actualmente los servicios técnicos para recibir los proyectos, de aprobarse las reformas permisológicas?

En múltiples oportunidades durante anteriores administraciones, se analizaron las complejidades existentes en materia de permisos sectoriales, y todos aquellos análisis convergen en una falta de relacionamiento entre servicios y una necesidad de modernización de los mismos, por lo que son un punto importante a revisar y solucionar. En el anuncio del ejecutivo no se abarca explícitamente este tema y creemos que es clave el fortalecimiento institucional para acelerar procesos de manera de no afectar la legitimidad de los mismos.

El ministro Grau anunció la creación del Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial, para agilizar la aprobación de las autorizaciones y fiscalizar a los entes involucrados en ello. ¿Cómo ve esta medida?

Creemos que es una buena medida, y esperamos e insistimos en que también mantenga un rol muy técnico. Sin embargo, creemos que la creación de este ente articulador no es suficiente, debe ir de la mano del fortalecimiento y modernización de los servicios públicos relacionados a los permisos sectoriales. Una demanda de varios años y de diversos sectores, desde la industria hasta los mismos funcionarios públicos.