El fiscal nacional Ángel Valencia decidió abrir una investigación penal de oficio con el de fin de recabar todos los antecedentes y, a partir de ello, analizar la posible comisión de delitos en la entrega de pensiones de gracia.
“La investigación debería determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener los beneficios estatales, entre otras materias que deberán ser indagadas”, precisa un comunicado del Ministerio Público.
Mientras tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la solicitud de antecedentes médicos para la entrega de pensiones de gracia, indicando que estos son solicitados por el INDH y entregados en una carpeta al Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior con un certificado “que es muy clave”, ya que este detalla que “en virtud de los antecedentes requeridos, se ha llegado a la convicción de que las lesiones que sufrieron las personas en el marco del estallido social (…) tienen la suficiente gravedad para producir menoscabo laboral”, siendo estos antecedentes los cuestionados por Contraloría.
El exministro Jaime Bellolio, por su parte, respondió al Gobierno sobre la entrega de este beneficio en el mandato de Sebastián Piñera, declarando que están empecinados “en no querer aprender de los problemas de sus anteriores crisis”. “La glosa que permite que existan estas pensiones fue propuesta por la izquierda y luego exigida en su aplicación”, señaló el extitular de la Segegob, agregando que “en el gobierno de Sebastián Piñera se entregaron pensiones a personas que habían ratificado o que habían entregado su certificación de lesiones graves o gravísimas”, afirmó.
