El rechazo a la prisión preventiva para la exalcaldesa Cathy Barriga, imputada hoy por fraude al fisco, generó críticas en diversos sectores del país y puso en evidencia que no todos corren la misma suerte frente a la justicia.
Barriga fue electa en 2016 jefa comunal de Maipú, el segundo municipio más poblado del país, como candidata sin partido, pero apoyada por la formación de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI).
Según estimados, durante los cuatro años en el cargo defraudó al erario casi 31 mil millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina, el fraude en Maipú es 914 veces superior al cometido por la también exalcaldesa Karen Rojo; 56 por ciento por encima de la fundación Democracia Viva (Caso Convenios); 28 del de Vitacura; y 20 del de Algarrobo.
La fiscal pidió la prisión preventiva para la también figura televisiva, sin embargo, el juez Hugo Salgado desestimó la medida cautelar al descartar que la imputada ponga en riesgo “la seguridad de la sociedad” o que exista “peligro de fuga”.
No obstante, Salgado reconoció que había argumentos para aplicar esta medida debido a la cantidad “exorbitante” de recursos públicos involucrados en la defraudación.
La decisión de juez provocó el rechazo de representantes de amplios sectores de la política, la sociedad, e incluso, de la cultura.
“Imposible erradicar la corrupción si el sistema judicial trata de manera distinta a los corruptos según su bolsillo, según su origen, según sus conexiones. Mala cosa que no exista igualdad ante la ley. Caso Cathy Barriga es vergonzoso”.
Así lo escribió en su cuenta de X Marta Lagos, fundadora de la Corporación Latinobarómetro, que investiga la sociedad usando indicadores de opinión.
Mientras, Eric Aedo, diputado del Partido Demócrata Cristiano, calificó también como una vergüenza la decisión del juez de beneficiar con prisión domiciliaria a la exalcaldesa.
La propia Fiscalía ha señalado que estamos frente a uno de los mayores fraudes cometidos en el interior de un municipio, dijo, y recordó que por defraudaciones mucho menores, como en el Caso Convenios, hay funcionarios de gobiernos regionales detenidos.
Aún está fresca la imagen de los imputados en ese caso siendo trasladados engrillados y con pechera amarilla a la cárcel de Antofagasta.
La ex jefa edil de Maipú es sindicada por varios delitos: fraude al fisco, falsificación y mal uso de instrumento público.
De acuerdo con la Fiscalía, ella montó una estructura orgánica de desfalco de recursos y para eso alteró el presupuesto municipal con gastos multimillonarios que ayudaron a publicitar su gestión.
Entre ellos figuran grandes festivales de música, la adquisición de 30 mil peluches con la imagen corporativa y la entrega de mochilas con material escolar para alumnos de colegios privados, con parte de los fondos de apoyo a la educación pública.
Además compró mil collares Swarovski, producto fabricado con cristal tallado, que entregó a diversas autoridades, legisladores, exministros y otras figuras públicas.
En un artículo publicado en el sitio digital El Desconcierto, el sociólogo Diego Verdejo advierte que el caso de Cathy Barriga expone las profundas desigualdades en el sistema penal chileno.
“Al contrastar este caso con el de Carlos Weiss, encarcelado por destruir un torniquete del metro durante la revuelta social, surge una incómoda realidad: la cárcel parece ser reservada para las personas comunes y corrientes, mientras los sectores poderosos se resguardan tras sus redes y privilegios”, escribió.
Y concluye el analista: “en lugar de ser un instrumento efectivo de corrección y rehabilitación, la prisión se ha convertido en una herramienta de control social que castiga de manera desproporcionada a aquellas personas que ya enfrentan adversidades y marginación». (EP/P-L)
