Querellantes apelarán sentencia que sobreseyó por demencia a exagente reclamado por Italia por crimen en dictadura de Pinochet

Está acusado del crimen de Juan José Montiglio Murúa, jefe de unidad del GAP, guardia personal del presidente Allende y una de las cuatro víctimas ítalo-chilenas de la dictadura chilena.

Francisco Bustos del Estudio Caucoto Abogados informó que apelarán de la resolución que sobreseyó por demencia al ex agente Rafael Francisco Ahumada Valderrama de su responsabilidad por el crimen de Juan José Montiglio Murúa, jefe de unidad del GAP, guardia personal del presidente Allende y una de las cuatro víctimas ítalo-chilenas de la dictadura de Pinochet, en el marco del proceso de extradición solicitado por la República italiana.

Ayer la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco otorgó la extradición a tres ex agentes todos condenados a la pena perpetua por el homicidio de dos víctimas. Ahumada Valderrama, pese a estar condenado a la misma pena por el crimen de Montiglio Murúa, fue sobreseído parcial y definitivamente por demencia, producto de un peritaje del Servicio Médico Legal, lo que imposibilitó su extradición.

“Queremos proponer otras diligencias encaminadas a dilucidar la verdadera situación mental del sentenciado, puesto que nos merecen algunas dudas ciertos aspectos de los informes médicos presentados, y queremos resolver esas inquietudes a fin que una declaración de demencia no signifique impunidad como ha ocurrido en otros casos», informó Bustos, quien representa a la hija de Montiglio Murúa.

Montiglio tenía 24 años, era del Partido Socialista y jefe de unidad del GAP, guardia personal del presidente Allende. Fue detenido en el Palacio de la Moneda el día del golpe militar, posteriormente llevado al Regimiento Tacna y asesinado en Peldehue el 13 de septiembre de 1973. Hasta hoy permanece en calidad de detenido desaparecido.

Luz verde a extradición

Entre los condenados y por los cuales Chile accedió a la extradición se encuentran Orlando Moreno Vásquez, Manuel Vásquez Chahuán por el homicidio de Omar Roberto Venturelli Leonelli; y Pedro Octavio Espinoza Bravo, por homicidio de Juan Bosco Maino Canales.

Los requeridos registran procesos pendientes, por lo que se dará lugar a la entrega diferida, es decir, esto no los exime de las responsabilidades penales que ellos tengan en Chile.

«Es una resolución muy esperada, que representa un triunfo de la cooperación internacional para poner fin a la impunidad por los crímenes más graves que se pueden cometer”, señaló el abogado Bustos, agregando “que es una sentencia es relevante porque reafirma el compromiso de la República de Chile con el cumplimiento de los tratados, tanto el de extradición, como los instrumentos de derechos humanos”.

Además, indica que “en este caso la República Italiana cumplió con el deber de investigar, juzgar, sancionar e imponer penas proporcionales, y nuestro país debe asegurar que esas resoluciones se cumplan, como ocurrirá respecto de los condenados Moreno, Vásquez y Espinoza, cautelando al mismo tiempo que los procesos penales a nivel nacional seguidos contra ellos puedan continuar”.

En ese sentido “la persecución penal iniciada en Italia y otros antes como España, Reino Unido, y Francia, fueron algunos de los factores que -de la mano con la persistencia de los familiares de las víctimas- permitieron acelerar el avance de la justicia en nuestro país, que a la fecha ha concluido casi 600 procesos penales por delitos de lesa humanidad”, finalizó.

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El Periodista