Organizaciones defensoras de DDHH condenan pacto migratorio de la UE

Cerca de una decena de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos han condenado este miércoles el pacto migratorio alcanzado por la Unión Europea, que supone un mayor control en las fronteras y facilita la llamada ‘solidaridad a la carta’, por considerar que «no soluciona el problema» existente y solo acarreará «más sufrimiento» para los migrantes y refugiados.

Desde Amnistía Internacional (AI) han denunciado que este acuerdo únicamente «dificulta el acceso seguro» a los países del bloque comunitario. Según Eve Geddie, directora de ONG para la oficina de instituciones europeas, supone un «retroceso» para las leyes de asilo europeas y provocará que «más gente acabe detenida en las fronteras de la UE».

«Esto incluye familias con niños y personas en situación de vulnerabilidad. Las garantías para aquellos que buscan asilo se verán reducidas y los migrantes serán redirigidos a través de procedimientos de asilo en las fronteras en vez de recibir un asesoramiento completo y justo en relación con sus solicitudes», ha dicho, la organización en un comunicado.

Además, ha lamentado que este pacto «se queda corto» a la hora de ofrecer ayuda a los países que reciben a los migrantes en primer lugar, como España, Italia o Grecia. «En vez de dar prioridad a la solidaridad mediante la reubicación y el fortalecimiento de sistemas de protección, los Estados podrán simplemente pagar para reforzar sus fronteras o a terceros países fuera de la UE para evitar que los migrantes lleguen a Europa», ha sostenido.

Asimismo, ha alertado de que el pacto aumenta la «dependencia» del bloque más allá de sus fronteras para gestionar el flujo migratorio, lo que atañe a países como Albania, Libia, Túnez y Turquía. «El pacto no resolverá los problemas del sistema de asilo en la UE, lo que incluye la falta de financiación para los centros de recepción, devoluciones en caliente y políticas que niegan a la gente sus derechos», ha zanjado.

Por su parte, la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha incidido en que este pacto «no es una solución» y ha pedido a los líderes de la UE que «prioricen la seguridad de las personas que buscan refugio». La coordinadora de la organización, Raquel González, ha afirmado que el pacto simplemente es «Una continuación de las políticas de contención y disuasión» del bloque y ha recordado que el derecho a solicitar asilo «se erige como piedra angular de las leyes y valores europeos».

«Existe una preocupante tendencia entre los líderes europeos a deshacer este principio fundamental, socavando un legado construido sobre los Derechos Humanos y la Convención de Ginebra para los Refugiados. Los equipos de MSF en Grecia, Italia, Francia, Libia y el Mediterráneo han sido testigos de los devastadores efectos en la vida y la salud de las personas, y de la disminución del derecho de asilo en Europa», ha aseverado.

En este sentido, ha manifestado que se trata de un cambio «alarmante» e «inaceptable», además de «profundamente preocupante porque coincide con una creciente normalización de la violencia en las fronteras». «Es imperativo que los líderes europeos reconsideren sus decisiones y aseguren a los ciudadanos europeos que el bienestar y la dignidad de todas las personas se sitúan en el primer plano de sus políticas», ha sostenido.

«El pacto no hace sino institucionalizar la detención de facto y socavar el derecho de las personas a solicitar asilo. Las fronteras de Europa no deben ser puertas de entrada al sufrimiento y la violencia. Es hora de políticas europeas que salven vidas, no que las sacrifiquen», ha añadido.

González ha hecho hincapié en que esto no evita las muertes en el Mediterráneo central y ha acusado a la UE de «venderlo como solución a la crisis cuando no lo es», por lo que ha pedido a los Estados europeos «adoptar políticas humanas que minimicen los riesgos para la salud y el bienestar de las personas y protejan sus vidas».

UNA SITUACIÓN «MUCHO PEOR» PARA LOS MIGRANTES
A ella se han sumado ONG como Oxfam Intermón, PICUM, Save the Children, Jesuit Refugee Service Europe, EuroMed Rights y la Red Europea contra el Racismo, que han alertado de que este pacto hace que la situación sea, en muchos sentidos, «mucho peor» dado que el bloque ha perdido la oportunidad de pactar normas que garanticen que hay solidaridad.

Cristina Fernández-Durán, especialista en migración de Oxfam, ha denunciado que el acuerdo «avala más detenciones, incluso de niños, en centros similares a prisiones». «El acuerdo también implica cerrar la puerta a las personas solicitantes de asilo», ha asegurado antes de señalar que se trata de «procesos deficientes para tramitar peticiones o una aceleración de las deportaciones».

Por ello, ha calificado el acuerdo de constituir un «peligroso desmantelamiento de los principios clave de los Derechos Humanos y de las leyes de asilo» y ha solicitado a los países de la UE trabajar para «crear un sistema de asilo que funcione» y «crear vías regulares y seguras hasta Europa».

Willy Bergogné, director de Save the Children Europa y representante de la UE, ha puntualizado que «el acuerdo alcanzado hoy es históricamente malo» y «pone en peligro a los niños en tránsito y conducirá a una mayor separación de las familias migrantes». «Es obvio que para la mayoría de los legisladores la prioridad era cerrar fronteras, no proteger a las personas, incluidas las familias y los niños que escapan de la violencia, los conflictos, el hambre y la muerte mientras buscan protección en Europa», ha denunciado.

Desde la organización afirman que dicho pacto «corre el riesgo de legitimar las violaciones actuales y perpetuar un ciclo de maltrato a quienes buscan protección», una situación de la que «los niños no estarán exentos».

La directora de promoción de EuroMed Rights, Sara Prestianni, ha advertido que el acuerdo mantiene el peligroso concepto de «terceros países seguros» para permitir a los Estados miembros «devolver a los solicitantes de asilo a pesar del riesgo de violaciones de Derechos Humanos».

En este sentido, ha hecho hincapié en que la UE «no debería ser facilitadora de tales violaciones», sino que «debe proteger a los solicitantes de asilo de la violencia y abrir vías legales, en lugar de fomentar cada vez más detenciones y devoluciones».

La activista Nyanchama Okemwa, presidenta de la junta de la Red Europea contra el Racismo, ha acusado a la UE de «negarse a acoger refugiados que están huyendo debido, en parte, a las acciones de Europa en materia de política exterior». «Esto no se debe a su incapacidad para acoger, algo que ha quedado demostrado con los refugiados procedentes de Ucrania, sino a su negativa a compartir la riqueza que ha acumulado mediante el esclavismo, colonialismo y el genocidio de comunidad indígenas a las que ha explotado y sigue explotando», ha enumerado antes de insistir en se trata de una cuestión de «racismo» y «mentalidad de explotación». (Europa Press)