Democracia Viva: Corte de Antofagasta confirma la prisión preventiva de imputados por fraude al fisco
Andrade y Contreras permanecerán en la cárcel.
La Corte de Antofagasta rechazó hoy los recursos de apelación presentados por las defensas de Daniel Francisco Andrade Schwarze y Carlos Andrés Contreras Gutiérrez, imputados por el Ministerio Público como autores de tres delitos de fraude al fisco, y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva decretada en su contra por el Juzgado de Garantía de la ciudad.
En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Éric Sepúlveda Casanova y el abogado (i) Fernando Orellana Torres– confirmó la resolución recurrida, dictada el pasado 15 de diciembre, al compartir que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
“CONFIRMÁNDOSE la resolución apelada de fecha quince de diciembre del presente año, dictada por la juez del Juzgado de Garantía de Antofagasta, Sissi Bertoglio-Talap Cortés, en causa RIT 5428-2023, RUC 2300673070-1, Rol Corte 1669-2023 por tres delitos de fraude al Fisco y organismos del Estado, que decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los imputados DANIEL FRANCISCO ANDRADE SCHWARZE y CARLOS ANDRÉS CONTRERAS GUTIÉRREZ, por constituir su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad”, consigna el fallo.
Tras comunicar la resolución, el ministro Franulic Cetinic informó que la Segunda Sala: “(…) comparte con la magistrada que con los antecedentes expuestos se logra acreditar la existencia de los delitos y la participación de los imputados”.
En cuanto a la necesidad de cautela, sostuvo que: “Estamos frente a delitos graves y reiterados que afectan la probidad pública y, particularmente, recursos que están destinados a la población de mayor vulnerabilidad social, que están sancionados en la ley con pena de crimen y que se ejecutaron, hasta ahora, por dos personas. Ello conforme a lo dispuesto por el artículo 140 del Código Procesal Penal, impone a este tribunal considerar especialmente que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la sociedad”.
