María Cristina Betancour, economista: «Tanto los proyectos públicos como los privados son afectados por la permisología»

Hasta ocho años puede tardar un proyecto minero en ser aprobado por el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA). La burocracia que involucra los miles de permisos sectoriales, resoluciones, estudios y entes evaluadores ha desatado críticas por parte de los sectores productivos, inversionistas, expertos, e incluso por el mismo gobierno.

En octubre pasado, en el Encuentro Nacional del Agro 2023, el Presidente Gabriel Boric anunció que se pretende reducir hasta un 30% los plazos de evaluación y calificó de “irracional” el sistema de permisos. En la misma línea, la ministra de Minería, Aurora Williams, y la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán, han expresado la necesidad de agilizar estos procesos.

Al respecto, la economista experta en temas económicos-mineros, María Cristina Betancour,  enumeró -en entrevista con El Periodista- las principales dificultades que implica para la industria y la inversión estos amplios plazos.

¿Qué muestra la experiencia internacional sobre la tramitación de permisos y su relación con la llegada de inversión?

La tramitación de permisos es complicada en todas partes del mundo. EEUU promulgó, a fines del año 2015, el FAST-41 en que se establecen procedimientos de supervisión y coordinación que permiten agilizar la tramitación de permisos para proyectos grandes y estratégicos, que no sean sujetos de procedimientos abreviados. Se identifican estos proyectos y se les hace un acompañamiento que permita eliminar las trabas que retrasan o impiden su materialización. Se asignan recursos a las distintas instituciones que pudieran estar trabando la aprobación de ellos.

Y esta línea se anunció también en Perú para facilitar las inversiones que les permitan continuar siendo competitivos, toda vez que Congo les está quitando el segundo lugar en producción de cobre mundial. La idea es acompañar a las compañías para que cumplan la normativa, pero también a las instituciones, de manera que agilicen la tramitación, asignando los recursos que se requieran.

La CNEP también incorporó esto en su estudio de agosto recién pasado. De hecho, su primera recomendación es una propuesta de acompañamiento a los fiscalizados. Esto es algo que la minería viene pidiendo hace años, en particular, en el caso de la mediana minería: que se les facilite el cumplimiento de la normativa. Todas las compañías quieren cumplir con ella para poder trabajar. Es beneficioso para ellas y cuando se hace empresa, se hace país.

¿Cómo afecta la permisología a la competitividad de la industria minera chilena?
La competitividad es un concepto bastante amplio, que tiene que ver con muchos factores que hacen que los países tengan mayores tasas de crecimiento y empleo sostenido en el tiempo. Entre ellos, la educación, infraestructura, buenas instituciones. Y la permisología es un factor que condiciona este crecimiento y el empleo, toda vez que tiene el poder de atrasar y desincentivar la inversión, que es condición necesaria para el crecimiento económico. Y hay muchos problemas que contribuyen a estos atrasos, como por ejemplo, diversidad de criterios, superposición de permisos entre distintas instituciones, altas tasas de rechazo, entre otros.

Un reciente estudio de la Consultora Plusmining indica que adelantar el tiempo de tramitación de un proyecto minero en cinco años implicaría que el valor presente de los impuestos que recibiría el Estado aumentaría en US$ 324 millones. Y en cuatro años sería de US$ 269 millones.

¿Podría decirse que la minería es la principal víctima de la permisología?  ¿Por qué?
Si no es la principal, al menos es una de ellas. La inversión en minería tiene características especiales, es una actividad de largo plazo e intensiva en capital. Por ello, requiere estabilidad regulatoria en el largo plazo. Además, cualquier retraso en su puesta en marcha afecta significativamente las tasas de retorno, desincentivando la inversión. Y ello afecta al país como un todo.

Mirada futura

Actualmente hay una mirada negativa hacia el Comité de Ministros. Diferentes asociaciones, expertos e inclusive el ministerio de Medio Ambiente han sugerido su eliminación. A su parecer, ¿de qué manera incide esta figura en los plazos de obtención de permisos?

La estimación es que esta instancia estaría demorando aproximadamente un año la aprobación de un proyecto. Por esto, la Ministra de Medioambiente, en el contexto del rechazo a su presupuesto la semana pasada, acaba de anunciar su eliminación, junto a la eliminación del COEVA. Y la estimación es que los tiempos de tramitación se reducirían entre un año y un año y medio.

En otro tópico, la directora del SEA, Valentina Durán, ha dicho en varias ocasiones que le “carga” la palabra “permisología”, ¿por qué cree que este concepto se ha instalado en la opinión pública?

Precisamente se le ha llamado así indicando que se ha complicado tanto que más parece una ciencia. La idea es proteger el medioambiente, pero también dejar que los proyectos se realicen. Cabe destacar que la regulación medioambiental está en constante evolución, por lo que la permisología solo puede empeorar en el tiempo.

Me parece bien lo que ha indicado la ministra de Medioambiente en relación al proyecto de ley que simplificaría la tramitación. Además de eliminar el Consejo de Ministros y el COEVA, se establecen procedimientos simplificados para algunos proyectos y se definirán tiempos máximos de tramitación, de manera que las compañías tengan claridad respecto a cuándo podría terminar la evaluación de sus proyectos. No es posible que todos los proyectos se compliquen tanto. Ahora vemos que tanto los proyectos públicos como los privados son igualmente afectados con retrasos. Y todo esto afecta al país en su conjunto.

¿Puede enunciar algunos cambios concretos que pueden ser rápidos de implementar, para mejorar el panorama actual?

La CNEP acaba de hacer una serie de recomendaciones que buscan evitar soluciones que generen mayor burocracia o conflictos de competencia entre distintas instituciones. Aunque se refieren a los permisos que no se relacionen con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), me parece a mí que podrían aplicarse también. La mayoría de ellas son de implementación reglamentaria, que son más rápidas que aquellas legales. Las primeras dos, una gobernanza especial y traspasar el costo al usuario deberían tener un impacto significativo en hacer más eficiente el sistema. De hecho, la segunda de ellas ya está operando en algunas reparticiones públicas, con bastante éxito. Y la primera de ellas, es un acompañamiento a las compañías para facilitar el cumplimiento de la normativa. Lo más lento de implementar es un proyecto de ley, pues puede estar años en el Congreso, sin que veamos ningún avance.

Ahora, me parece a mí, que como país deberíamos avanzar hacia una cultura de mayor autorregulación, en que el que no cumple se someta a drásticas consecuencias. La misma Ministra Vallejos indicó que el Caso Convenios se originaba en una “debilidad institucional”. Pero estas debilidades van a existir siempre, el tema es que el fiscalizado que quiera aprovecharse de ellas sepa que, si lo hace, será penalizado fuertemente. En mi opinión, esta es la mejor manera de desincentivar este tipo de acciones.