Las 21 razones de Gonzalo Martner para votar en contra en plebiscito constitucional

El economista y exministro, Gonzalo Martner,  subió a su cuenta en X (twitter) las 21 razones que lo motivan a estar en contra de la propuesta constitucional que se vota el 17 de diciembre:

1) Pone en peligro las libertades al prohibir «las asociaciones contrarias al orden público y a la seguridad del Estado”, sin definirlos.

2) Establece que “las agrupaciones sociales y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley”.

3) Aumenta el arsenal represivo de los estados de excepción al incluir “actos terroristas”, sin definirlos, y autoriza increíblemente lugares de detención «que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes», o sea presos políticos.

4) Limita el pluralismo y la diversidad al establecer “el deber de honrar a la patria, respetando las actividades que dan origen a la identidad de ser chileno”, sin definir qué podría ser eso.

5) Pone en peligro derechos de las mujeres como la interrupción del embarazo por tres causales y el uso de la píldora del día después, con un artículo según el cual “la ley protege la vida de quien está por nacer” y otro que establece la “objeción de conciencia”.

6) Desecha la paridad de género efectiva en los cargos de representación.

7) Aumenta el bloqueo de la mayoría por minorías, al asimilar el quórum de aprobación de leyes “que interpreten preceptos constitucionales” al quórum de las reformas a la constitución, que se lleva de 4/7 a 3/5, mientras la aprobación de leyes electorales se fija en 4/7.

8) Hace “incompatibles los cargos Directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos”, lo que no tiene justificación alguna y empobrece la representación política.

9) Restringe la proporcionalidad de la representación parlamentaria y disminuye la igualdad del voto (se necesita muchos más votos para elegir un parlamentario en unos lugares que en otros) al bajar el número de diputados/as electos/as por distrito.

10) Mantiene la muy alta desigualdad del voto en el Senado y los 8 años de duración en el cargo, lo que es una evidente anomalía democrática, además de perseverar en el carácter co-legislador pleno de una segunda cámara que no refleja las mayorías periódicas.

11) Cercena la capacidad regulatoria oportuna del Estado, llevando los reglamentos a la ley, lo que dificultaría severamente la protección efectiva del trabajo, del consumo y del ambiente.

12) Limita el derecho a huelga y lo restringe solo a la negociación colectiva en la empresa, de muy baja cobertura en el país.

13) Anula el Estado social, pues hace imposible la universalidad de los derechos sociales con la «libertad de elección» y la «propiedad de las cotizaciones», blindando la presencia de entidades con fines de lucro y las AFP e Isapres en una seguridad social privatizada.

14) Debilita la educación pública al limitar los currículos que garantizan contenidos mínimos y la libertad de enseñanza, sin ningún vínculo entre recursos públicos, gratuidad y deber de laicidad educativa, que no se menciona.

15) Define un sistema de financiamiento escolar que debilita el servicio público educativo al ligarlo al número de alumnos.

16) Privatiza todavía más los bienes comunes, pues hace de las concesiones una forma de transferencia de la propiedad pública y permite que sean transadas en mercados. No excluye de ellas a los bienes nacionales de uso público ni al litio y otros recursos estratégicos.

17) Consagra que el “dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este inciso”, es decir la propiedad privada, lo que fortalece la desnacionalización de la minería.

18) Establece el aprovechamiento de las aguas como un mercado de derechos privados, pues los otorgados por el Estado “confieren a su titular el uso y goce de éstas, y le permiten disponer, transmitir y transferir tales derechos”.

19) Hace inoperante la protección del medioambiente, al declarar que se debe realizar promoviendo la sustentabilidad y al mismo tiempo “el desarrollo”, entendido como un crecimiento de la producción no sujeta al límite de la resiliencia de los ecosistemas.

20) Disminuye la progresividad de los impuestos (los ricos pagan proporcionalmente más), al terminar con el pago de contribuciones a la primera vivienda. Esto exime sobre todo a los dueños de más altos ingresos, pues el 77% de las casas de menor valor ya están exentas.

21) Lesiona gravemente el financiamiento de los municipios de menos ingresos al dejar con menos recursos al Fondo Común Municipal, que está basado en las contribuciones de las viviendas de los más ricos que ya no estarían disponibles y del que dependen los municipios más pobres.