Subsecretario de Justicia advierte que no hay condiciones para cerrar centros penitenciarios

Analizar si se justifica la existencia de un penal especial para reos condenados por violaciones a los Derechos Humanos, como el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco, fue el objeto de la sesión especial de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

En la reunión también se analizó la posibilidad de estudiar su eventual optimización, para que reciba a privadas de libertad embarazadas o con hijos.

En el tiempo previo intervino el diputado Juan Santana (PS), quien enfatizó que en Chile se quiso imponer una verdad oficial de amnistía, impunidad y olvido, dejando en desamparo a las víctimas de Derechos Humanos.

Agregó que hay muchas medidas pendientes que aún se pueden hacer por el compromiso con la democracia, los DD.HH., las víctimas y las futuras generaciones.

Por ello, consideró como inentendible la existencia de un penal de privilegio para quienes cometieron los peores crímenes de nuestra historia como torturas, secuestros, asesinatos y desapariciones. Señaló que no se explica que residan allí violadores de DD.HH. y condenados por delitos de lesa humanidad, con comodidades como habitaciones privadas con baño, teléfono, calefacción y patio, entre otras.

El parlamentario reconoció que la decisión de su reconversión no es fácil. Ello porque hay sectores que defienden a los reclusos por razones humanitarias, debido a su avanzada edad. Agregó que no quieren someter a ninguna vejación a los condenados, pero recalcó que los privilegios penitenciarios no deben estar reservados para violadores de DD.HH.

Planteó que dichas instalaciones sean ocupadas por población penal más vulnerable y prioritaria. La idea es que el recinto pueda recibir a mujeres embarazadas y que sean madres.

Situación Penitenciaria

En representación del Ejecutivo participó en la sesión el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quien se refirió a la situación penitenciaria del país.

Explicó que Chile tiene una capacidad para más de 41 mil personas privadas de libertad en ochenta establecimientos. Sin embargo, hoy existen más de 52 mil reclusos, lo que implica un 124% en la ocupación a nivel general.

Sostuvo que no están en condiciones de cerrar centros penitenciarios. De hecho informó que se están reabriendo penales en desuso.

Respecto a condenados por crímenes de lesa humanidad o violaciones a los DD.HH. dijo que alcanzan a 246 personas. 134 de ellos están en Punta Peuco y 112 en Colina 1; ambos módulos con una ocupación de 119% y de 113%, respectivamente.

En cuanto a la situación de las mujeres, dijo que se trabaja por sus DD.HH. Dijo que se plantea considerar infraestructura penal femenina construida con perspectiva de género, como recomiendan organismos internacionales. Explicó que se trabaja en la remodelación materno infantil del Centro Penal Femenino de Santiago.

Respecto a las cifras, el subsecretario Gajardo agregó que existen 125 mujeres embarazadas o con hijos menores de 2 años.

Debate por continuidad de Punta Peuco

El debate mostró posturas contrapuestas. en el oficialismo plantearon que debe existir igualdad ante la ley, por lo que cuestionan el trato y los privilegios para criminales condenados por numerosos crímenes brutales cometidos en dictadura. Al respecto, consideran que la continuidad de Punta Peuco reabre heridas. Lo propio al mantener a los condenados juntos, ya que ello refuerza el pacto de silencio de militares y uniformados. Por lo anterior insistieron en que deben ser trasladados a una cárcel común.

Mientras, desde la oposición pidieron que se vele por el respeto de los DD.HH. de los presos mayores de 70 años que cumplen condena en el penal, de acuerdo a tratados internacionales. Dijeron que no es un recinto vip ni una mansión, sino que un espacio donde también los reos se encuentran hacinados. Agregaron que no tienen agua potable, ni atención médica, por lo que cuestionan la llegada de mujeres al lugar.

Resoluciones

Culminado el debate se aprobaron cuatro resoluciones. En ellas se solicita al Presidente de la República que instruya una serie de medidas.

Entre ellas, el cierre del penal de Punta Peuco y el traslado de los internos a otros penales comunes. En ese ámbito se propone su reubicación en un módulo especial en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 1.

Asimismo, se pide que se instruya al Ministerio de Justicia, disponer que las referidas instalaciones puedan ser utilizadas para recibir a otros condenados que lo necesiten, tales como mujeres embarazadas o aquellas mujeres que requieran de mejores condiciones para estar con sus hijos. Otra opción planteada es que el recinto tenga un destino cultural.