Economías de América Latina y el Caribe mantendrán bajos niveles de crecimiento en 2023 y 2024

En un nuevo informe anual, la CEPAL indica que los países de la región seguirán enfrentando un panorama económico de bajo crecimiento. Se espera que el producto interno bruto regional crezca 1,5% en 2024, levemente inferior al 1,7% estimado para el presente año.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer hoy su informe anual Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2023.

El financiamiento de una transición sostenible: inversión para crecer y enfrentar el cambio climático, en el cual prevé que las economías de la región mantendrán este año y el próximo bajos niveles de crecimiento, afectadas por un panorama económico mundial negativo y regional muy complejo.

Según el informe -uno de los principales reportes económicos de la institución, que se publica desde sus inicios en 1948- para 2023 se espera un crecimiento del PIB promedio regional de 1,7%. En tanto, para 2024 se proyecta un leve descenso en la tasa de crecimiento que llevaría al producto interno bruto regional a aumentar un 1,5%.

De acuerdo con el organismo regional de las Naciones Unidas, la dinámica de la economía mundial se mantiene en una senda de bajo crecimiento económico y del comercio global. A pesar de las caídas en la tasa de inflación probablemente los países desarrollados seguirán con sus políticas monetarias contractivas, por lo que no cabe esperar una baja significativa en las tasas de interés externas durante este año, y los costos de financiamiento para nuestros países seguirán altos.

La deuda pública de los países de la región, si bien ha bajado, permanece en niveles elevados respecto al PIB, lo que, junto al aumento de las tasas de interés externas e internas y a una caída esperada de los ingresos tributarios producto del menor crecimiento, lleva a un limitado espacio fiscal para el conjunto de la región. Además, se anticipa un menor dinamismo en la creación de empleo, y crecientes demandas sociales.

“El bajo crecimiento de América Latina y el Caribe se puede ver agravado por los efectos negativos de una agudización de los choques climáticos, si no se realizan las inversiones en adaptación y mitigación al cambio climático que requieren los países”, señaló el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs.

Para 2023, la CEPAL proyecta que todas las subregiones exhibirán un menor crecimiento respecto de 2022: América del Sur crecería un 1,2% (3,7% en 2022), el grupo conformado por Centroamérica y México un 3,0% (3,4% en 2022), y el Caribe (sin incluir Guyana) un 4,2% (6,3% en 2022).

Las proyecciones para 2024 indican que se mantendría el bajo dinamismo económico en la región. Se prevé que el contexto internacional continúe siendo poco favorable, con un crecimiento del PIB y el comercio mundiales muy por debajo de los promedios históricos. A su vez, en el ámbito interno se mantendrá el reducido espacio de política fiscal, aunque la reducción en la inflación en la región abre más espacio para la política monetaria en los países. Ante estas circunstancias, se proyecta para 2024 un crecimiento promedio del 1,2% para América del Sur, 2,1% para Centroamérica y México, y 2,8% para el Caribe (sin incluir Guyana).

El Estudio Económico 2023 señala que el bajo crecimiento de la actividad económica en 2023 y 2024 redundará en una desaceleración del crecimiento del empleo, cuyo crecimiento se estima en un 1,9% en 2023 y en 1,1% en 2024. De igual forma, preocupa cuál será la calidad del empleo en ese contexto de bajo crecimiento, pues es muy probable que los trabajadores se vuelvan más vulnerables, tengan menores niveles de protección social y se empleen en sectores menos productivos.

“Ante los desafíos de dinamizar el crecimiento y hacer frente al cambio climático es esencial potenciar la inversión pública y privada. La inversión pública en la región es baja en comparación con las economías avanzadas, e incluso respecto de otras regiones en desarrollo. Este reducido nivel de inversión se ha traducido en un acervo de capital público —infraestructura—insuficiente para dinamizar el crecimiento económico y promover el desarrollo productivo”, resalta el informe de la CEPAL.

Los impactos macroeconómicos del cambio climático podrían ser muy significativos para los países de la región. Las estimaciones que se presentan en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2023 indican que, en 2050, el PIB de un grupo de seis países podría ser entre un 9% y un 12% menor que el correspondiente a un escenario de crecimiento tendencial, si no se hacen las inversiones para compensar los choques climáticos. El volumen de inversión adicional requerido es excepcionalmente grande, entre 5,3% y el 10,9% del PIB por año. Esto representaría un aumento significativo en comparación con los niveles actuales de inversión.

Sin embargo, la capacidad de invertir dependerá tanto del acceso al financiamiento, como del costo de este. “Se requiere aumentar considerablemente el financiamiento concesional que permita sostener las trayectorias de la inversión en el tiempo. Estos esfuerzos deben acompañarse de políticas macroeconómicas internas que favorezcan la movilización de recursos”, planteó José Manuel Salazar-Xirinachs.

Finalmente el informe advierte que para enfrentar los efectos macroeconómicos del cambio climático se requerirá de esfuerzos nacionales, regionales y globales en cuatro ámbitos principales: 1) Espacio fiscal, mediante el aumento de la recaudación y progresividad de la estructura tributaria, gasto público verde y acceso a nuevos mecanismos de financiamiento, como los bonos temáticos; 2) Manejo de riesgos financieros y cambiarios a través de la política macroprudencial; 3) Movilización de financiamiento concesional y banca de desarrollo, para profundizar el financiamiento climático, a través de bancos de desarrollo multilaterales, regionales y nacionales y fomentar los flujos de ODA (Ayuda Oficial para el Desarrollo, por sus siglas en inglés) para combatir el cambio climático; y 4) Mecanismos de alivio de la deuda, como el establecimiento de mecanismos institucionales para su restructuración, y la inclusión de cláusulas vinculadas a desastres y huracanes, y cumplimiento de metas climáticas.

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