Consejo reduce a 138 el número de diputados
Menos parlamentarios que representen a distritos más pequeños fue la justificación de los consejeros que votaron a favor de reducir el número de integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados durante la votación de los últimos artículos del Capítulo IV: “Congreso Nacional” por parte del Pleno del Consejo Constitucional.
Con 30 votos a favor (Partido Republicano y Chile Vamos), 17 en contra (Unidad para Chile) y tres abstenciones (Germán Becker, Gloria Hutt e Ivonne Mangelsdorff), el Consejo resolvió reducir en 17 los escaños a distribuir en las elecciones, los que pasan de los 155 actuales a 138. El consejero Edmundo Eluchans (UDI) señaló que se llegó a esa cifra al unir las propuestas de Chile Vamos y del Partido Republicano.
Desde Unidad para Chile, que rechazó la disposición, acusaron desconocer la metodología por la cual se llegó a esta cifra. El consejero Christian Suárez (PS) llamó a buscar acuerdos para evitar esta reducción y pidió a los consejeros “no poner obstáculos”.
Por otra parte, y con el voto en contra de la bancada republicana, se rechazó el mecanismo de paridad de género que corregía la distribución de escaños en el parlamento. La disposición transitoria operaría durante las dos elecciones posteriores a la entrada en vigencia de la propuesta constitucional cuando algún sexo superara el sesenta por ciento de los electos. La consejera Patricia Spoerer (PRep) justificó el rechazo por estar en contra de las correcciones “de salida”.
La consejera Nancy Márquez (CS) criticó el rechazo de la medida y señaló que la paridad es un “mecanismo de justicia distributiva” que evita la concentración del poder político.
Otra de las materias aprobadas que generaron debate en el Pleno fue la que establece como iniciativa exclusiva del Presidente de la República los proyectos de ley que establezcan las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva. El consejero Julio Ñanco (RD) afirmó que la norma “representa un retroceso en derechos fundamentales y una atribución de funciones legislativas al (poder) ejecutivo”.
Entre las innovaciones aprobadas se cuenta la “agenda legislativa prioritaria”, facultad del Presidente de la República para informar al país durante la cuenta pública de hasta tres proyectos de ley que “deberán ser puestos en votación y terminar su tramitación legislativa en el plazo máximo de un año”.
