Hoy vota Concejo Municipal: Independencia arriesga millonaria indemnización por paralización de construcción de edificio

Un proyecto de desarrollo de la Inmobiliaria Huidobro SA vivirá horas cruciales hoy en la comuna de Independencia, cuando el Concejo Municipal decida si aprueba o no un preacuerdo logrado en sede judicial, en el marco de la revisión por la Corte Suprema, entre la constructora y los organismos técnicos que encabeza el alcalde Gonzalo Durán.

De rechazar la conciliación judicial y perder el recurso de casación, el municipio capitalino podría verse obligado a pagar una indemnización que podría alcanzar los 10 mil millones de pesos.

Se trata de un conflicto que se remonta a antes de la pandemia, cuando la empresa mencionada proyectó la construcción de un proyecto de gran envergadura en avenida Independencia 2903 y que, luego de obtener todos los permisos para la obra y pasar la Declaración de Impacto Ambiental respectiva, debió paralizar los trabajos por el hallazgo de restos arqueológicos en las tareas de excavación.

Tras la investigación correspondiente ordenada por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), meses después y tras revisar los hallazgos en el 5 por ciento del terreno, el área fue liberada para continuar las faenas. Sin embargo, por el tiempo transcurrido, los plazos previstos en la Ley General de Urbanismo y Construcciones expiraron, por lo que el Director de Obras Municipales de Independencia declaró la caducidad del Permiso de Edificación N°39 de fecha 2 de diciembre de 2015 y su Modificación de Permiso N°44 de fecha 21 de septiembre de 2016.

Ante esto y por sentirse perjudicada, Huidobro SA acudió a la Justicia, argumentando que las obras fueron detenidas por fuerza mayor y que ellos mismos acudieron al CMN para cuidar el patrimonio nacional.

La Corte de Apelaciones, con fecha 2 de febrero, acogió de forma unánime el reclamo de ilegalidad presentado por la Inmobiliaria en contra del director de Obras Municipales, Juan Miquel Mac Donald y anuló la resolución N° 82/2018 que caducaba los permisos. Además de declararlos vigentes nuevamente, la Justicia, en conformidad a la letra h) del artículo 151 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, reconoció “el derecho de la reclamante (Huidobro SA) a ser resarcido en los perjuicios que fueren consecuencia directa de la resolución anulada”.

Al tribunal, además, le llamó la atención la rapidez con que la dirección de obras clausuró el proyecto, cuestionando la objetividad en la decisión.

Ha quedado en evidencia una inusual celeridad en la inspección, se actúa el mismo día en que se habrían cumplido los tres años de otorgado el permiso, no se avisa a la empresa para asegurar una inspección personal en el sitio y se opta por usar un DRON, no se consideran los antecedentes que se acompañan al pedirse reconsideración, no se consideran los antecedentes del hallazgo de restos arqueológicos y la incidencia que ello ha tenido en el progreso del Proyecto de Edificación. La cuestión es entonces si se ha actuado con la objetividad que las normas de probidad publica requieren”.

Consciente de las consecuencias de esta resolución, que podría obligar a la comuna de Independencia a pagar una millonaria indemnización por el alto costo financiero que ha debido soportar la empresa desde el año 2018 a la fecha, la Municipalidad no solo impugnó el fallo de la Corte, ingresando un recurso de casación a la Suprema, también se allanó a conversar con la Inmobiliaria para arribar a un acuerdo que fuera satisfactorio para ambas parte.

Así, tras largos dimes y diretes, avances y retrocesos, lograron arribar a una conciliación, publicada en el portal web del Poder Judicial, donde Huidobro se compromete con el municipio de Independencia a realizar una serie de acciones que beneficien a la comuna, entre otras, la construcción de un inmueble de 300 metros cuadrados que se destinaría a CECOSF (Centro Comunitario de Salud Familiar); la transferencia en dominio a la Municipalidad de diez departamentos que se destinarían a soluciones habitacionales para los vecinos; la compra e implementación de 2 cámaras de vigilancia tendientes a mejorar la seguridad del sector; entrega en administración a la Municipalidad de 50 departamentos cuyos beneficiarios serían definidos a través de una coordinación con la Oficina de la Vivienda y Dideco de Independencia enfocado en las familias vulnerables de la comuna. Y hasta un mural en el edificio del conflicto.

Ese acuerdo, rubricado por los abogados de ambas partes ante la presencia de la ministra de la Corte Suprema, Adelita Ravanales Arriagada, fue en marzo de 2022 y hasta hoy no ha sido visto por el Concejo Municipal, compuesto por Carola Rivero Canales (PS), Rodrigo Barco Sánchez (RN), José Miguel Cuevas Foncea (PS), Daniela Parada Vargas (UNIR), Claudia Castañeda Larraín (PC), Rosita Huilipán Castillo (PC), Agustín Iglesias Muñoz (Ind-RN) y Jennifer Pérez Rivera (IND).

“Inicié proceso de conciliación a instancias de la Corte, mandatado por el Concejo Municipal y concordamos todo lo que el Concejo solicitó. Sin embargo, ahora la decisión recae en el Concejo municipal y ante una decisión muy dividida, es posible que finalmente se acuerde avanzar en el juicio” señaló a El Periodista el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán.

La conciliación, además, contó con el beneplácito y apoyo de los vecinos y muchos dirigentes sociales, cuyas opiniones fueron requeridas por la Dideco y en reuniones presenciales en la alcaldía. “Yo estoy de acuerdo que se levante el edificio y con el acuerdo alcanzado entre la Municipalidad y la constructora”, aseguró la dirigente Rosa Martínez, destacada vecina del sector.

Para los analistas, además de la decisión de la Corte, los beneficios de la conciliación y el riesgo de comprometer el patrimonio económico de Independencia, otros aspectos que deben tener en cuenta los concejales y concejalas a la hora de votar hoy es el tema laboral, los ingresos indirectos que dejan las obras en los barrios y, desde el punto de vista patrimonial e histórico, no castigar a una empresa que pudo ocultar un hallazgo arqueológico y continuar sus obras.

Sería una pésima señal para otras constructoras, señaló una autoridad del Consejo de Monumentos Nacionales a El Periodista.

Durán, que se prepara para cualquier resultado en la eventual votación de hoy y que sabe que su comuna enfrenta un tema complejo, dice que su responsabilidad como alcalde “es procurar una decisión del más amplio consenso posible y que, cualquier cosa que se acuerde, estar preparados para resguardar y proteger los intereses del municipio y la comunidad”.

Los concejales tienen la última palabra y la responsabilidad de no someter a la comuna a un futuro incierto.

Ver acuerdo firmado entre Independencia y la Inmobiliaria