Concejo Municipal de Independencia rechaza conciliación con constructora Huidobro
La decisión fue de 5 a 3 y todo vuelve a la Justicia, donde la Corte Suprema debe resolver un recurso de casación presentado por el municipio, previo al acuerdo conciliatorio entre las partes que hoy fue rechazado.
El concejo municipal de Independencia rechazó hoy el preacuerdo extrajudicial alcanzado entre los equipos técnicos de la Municipalidad con la Inmobiliaria Huidobro impidiendo la construcción de edificios departamentos en la comuna.
Los concejales (5 a 3) y el alcalde Durán (se sumó a la mayoría) estuvieron por mantener en sede judicial el conflicto y esperar el resultado del recurso de casación que presentó el municipio luego de perder en la Corte de Apelaciones de Santiago.
De no tener éxito en la Justicia, con la decisión tomada hoy en el Concejo, Independencia podría verse obligada a pagar una millonaria indemnización a la constructora, donde se especula que la cifra podría llegar a los 10 mil millones de pesos.
Este peligro, sin embargo, no pesó a la hora de los argumentos de 5 concejales, entre ellos el RN, Agustín Iglesias, quien votó en sintonía con las concejalas del PC y del Frente Amplio, convencido que la ley estaba de parte del municipio.
En febrero de 2022, la Corte de Santiago acogió -por la unanimidad de tres ministros- el recurso interpuesto por la empresa, donde se estableció que la paralización del proyecto dictada por la Dirección de Obras Municipales (DOM) en 2018, fue ilegal.
La resolución de 25 hojas fue un golpe judicial inesperado y contundente, sobre todo porque los magistrados apuntaron a que la DOM cometió anomalías en su dictamen administrativo al detener la obra, que contaba incluso con los permisos ambientales y del Consejo de Monumentos Nacionales. De hecho, en una de sus fojas, los magistrados enfatizaron que la DOM debió “respetar el principio de probidad”.
Iglesias, dijo, que tenía «fe y esperanza» de que la Corte Suprema aceptará el recurso de casación, cuestión que el otro concejal de su sector, Rodrigo Barco, señaló que frente a una de las votaciones más importantes que ha tenido el Concejo, se inclinaba por aprobar el acuerdo porque todos decidieron ingresar a la etapa de conciliación por los perjuicios que podría tener el municipio. «Con los estudios y consultas jurídicas que uno cuenta, veo que las posibilidades de que ganemos son bajas y el edificio se va a construir», señaló el concejal RN.
La contundencia de los argumentos esgrimidos por los jueces Hernán Crisosto y los abogados integrantes Rodrigo Asenjo y Jorge Benitez, mencionaba una frase perentoria: la empresa podía ejercer el derecho a ser resarcida. Nadie tenía que decirlo, pero la suma podría alcanzar varios miles de millones, los que deberían salir de las arcas edilicias.
Como obliga la ley, la sede comunal recurrió a la Suprema para revocar la resolución. Sin embargo, la sola posibilidad de perder, hizo surgir un acercamiento con la firma para transigir. Por esta razón, el edil fue mandatado por el Concejo Municipal (CM), logrando el acuerdo mencionado.
Lo que la municipalidad obtendría a cambio de no continuar con el caso en la Suprema, sería la construcción de un inmueble de 300 metros cuadrados destinados a un centro de salud comunitario; se suman diez departamentos para soluciones habitacionales de los vecinos, otros 50 cuyos beneficiarios se definirían por la oficina de Vivienda Comunal para familias vulnerables, un mural y cámaras de vigilancia.
Ahora volvió todo a fojas cero y el fantasma de una cifra multimillonaria se convierte en un dolor de cabeza para el alcalde Gonzalo Durán quien, debido a la opinión mayoritaria en contra de la conciliación, votó en contra de la misma y señaló que mandataría a los equipos jurídicos para que iniciaran de inmediato el trabajo para defender al municipio.
La Constructora, en un escrito ingresado en julio a la Corte, ya alegaba en una presentación de apenas dos páginas, que “no resulta posible seguir esperando”, por la demora del Concejo, que ella había actuado de buena fe y que en el intercambio de voluntades ofreció una serie de acciones que irán en beneficio de la comunidad.
La inmobiliaria, patrocinada por el abogado Robert Gillmore, aseveró que pese a las negociaciones formalizadas en sede judicial, no ha existido la voluntad de la comuna para resolver el acuerdo “cuyas disposiciones, paradójicamente, fueron calificadas como convenientes y justas por ambas partes”.
Por esta razón, solicitaron que, salvo mejor decisión de la ministra Ravanales, la negociación se retrotraiga a fojas cero para continuar el juicio. En eso, hoy, pareciera que ambas partes están de acuerdo.
