Varias ONG denuncian ley italiana que «restringe actividades de salvamento»
La denuncia, presentada por Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam Italia, SOS Humanity, la Asociación de Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI) y EMERGENCY, indica que existen "serias dudas en cuanto a la compatibilidad de estas leyes con la legislación de la UE y las obligaciones de los Estados miembros.
Cinco ONG han presentado este jueves una denuncia ante la Comisión Europea contra la ley italiana y las acciones de las autoridades del país por «restringir las actividades de búsqueda y salvamento» llevadas a cabo por buques de rescate en el mar.
Las organizaciones han instado a la Comisión Europea a someter a examen estas prácticas, que suponen el envío de buques de salvamento a puertos alejados de la zona donde se ha producido el rescate para poder desembarcar a los supervivientes.
La denuncia, presentada por Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam Italia, SOS Humanity, la Asociación de Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI) y EMERGENCY, indica que existen «serias dudas en cuanto a la compatibilidad de estas leyes con la legislación de la UE y las obligaciones de los Estados miembro en virtud del Derecho Internacional en relación con las actividades de búsqueda y salvamento en el mar.
«La Comisión Europea es la guardiana de los tratados de la UE y tiene un papel que desempeñar para garantizar que los Estados miembro respetan la legislación internacional y de la UE», ha afirmado Giulia Capitani, asesora de Política Migratoria de Oxfam Italia. «Debería defender y proteger los derechos fundamentales de todas las personas en Europa. Sin embargo, en lugar de eso, son las ONG de búsqueda y rescate las que llenan el vergonzoso vacío en el mar dejado por los Estados miembros. En lugar de obstruir su labor, los Estados deberían implicarlas en la creación de un sistema adecuado para las actividades de búsqueda y salvamento», ha aseverado.
En enero de 2023, Italia aprobó un nuevo decreto que pasó a convertirse en ley en marzo y «restringe la realización de más de una operación de rescate a la vez». «La norma establece que las embarcaciones de búsqueda y salvamento deben poner rumbo hacia el lugar de seguridad asignado tras una operación de rescate sin demora; esto implica que los navíos de rescate no deben prestar asistencia a otras embarcaciones en peligro», han puntualizado las ONG en un comunicado conjunto.
Esta ley, han matizado, también «obliga a los capitanes de los buques que hayan llevado a cabo un rescate a proporcionar información no especificada a las autoridades italianas sobre el salvamento realizado; lo que en la práctica ha llevado a solicitar información excesiva».
Es por ello que estas organizaciones consideran que la combinación de estas medidas «lleva a la imposición de restricciones injustificadas (…) y limita drásticamente su capacidad para salvar vidas en el mar».
«Cada día que pasamos fuera de la zona de búsqueda y rescate, ya sea detenidos o navegando hacia un puerto lejano, supone poner vidas en peligro», ha alertado el director de operaciones de Médicos Sin Fronteras, Djoen Besselink. «La ley apunta a las ONG, pero el precio real lo pagan las personas que huyen por el Mediterráneo y se encuentran en una embarcación en apuros», ha añadido.
El aumento del tiempo de viaje hasta al norte de Italia también conlleva riesgos para la salud física y mental de las personas rescatadas que viajan a bordo, tal y como han denunciado. «Asignar lugares seguros a más de mil kilómetros de distancia de un rescate perjudica el bienestar físico y psicológico de los supervivientes», ha explicado el capitán del buque de rescate Humanity 1 de SOS Humanity.
«Las personas rescatadas proceden de países afectados por guerras, el cambio climático y violaciones de los Derechos Humanos», ha afirmado Carlo Maisano, coordinador del Life Support, el buque de rescate de EMERGENCY. «A menudo se encuentran en un estado extremadamente frágil, que se agrava al pasar aún más tiempo en el mar», ha lamentado.
El 23 de febrero se aplicó por primera vez la Ley 15/2023 (que por entonces tenían rango de decreto-ley) cuando la Autoridad Portuaria de Ancona notificó a MSF una orden de inmovilización de 20 días para su buque Geo Barents y, finalmente, una multa de 5.000 euros. Las sanciones se impusieron por no facilitar información específica que nunca antes había sido solicitada a MSF.
Desde entonces, las autoridades italianas han retenido a otros cuatro buques de búsqueda y salvamento humanitarios durante un periodo de 20 días cada uno por infringir la esta normativa. Esto suma, según las ONG, un total de cien días perdidos para los buques de búsqueda y salvamento humanitarios, mientras las travesías peligrosas y los naufragios en el Mediterráneo central han continuado.
Por ello, han instado a la Comisión Europea a someter esta ley a un «escrutinio inmediato». «Como guardiana de los tratados de la UE, es responsabilidad de la Comisión garantizar que los Estados miembro de la UE cumplan la legislación y dejan de obstaculizar la labor de salvamento de las ONG de búsqueda y rescate», han zanjado. (Europa Press)
