Los intereses empresariales detrás del polémico Reglamento del gobierno sobre residuos peligrosos

Como una cuestión previa nos pareció muy bien que el Tribunal Constitucional (TC) no haya escuchado a los grandes empresarios, adscritos a la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y a la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) quienes, a través de un «Téngase Presente», no querían que prosperara la indispensable ley sobre los delitos económicos y ambientales aprobada en el Congreso Nacional. Estaban acostumbrados, cuando sus indebidas prácticas comerciales llegaban a los tribunales, que las sanciones impartidas fueran solo tomar las cómodas clases de ética en universidades privadas del sector oriente de Santiago.

En esta ocasión aprovechamos de felicitar al exfiscal Carlos Gajardo, quien recientemente ingresó en la Fiscalía una contundente denuncia por la comisión del delito de tráfico de residuos peligrosos, cuyo lugar de perpetración -de acuerdo al texto de la denuncia- sería nada menos que en la misma dirección donde se domicilia la denominada Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR).

El abogado Gajardo en su denuncia no especifica infractores, pero claramente los dardos y las sospechas se dirigen en contra de dos empresas relacionadas a dicha Asociación, a saber, Ecovalor y Andacollo de Inversiones Limitadas, del empresario Gonzalo Izquierdo Menéndez.

Como este impropio Reglamento está pendiente de aprobación, el 9 de julio pasado, tuvimos que publicar en El Mostrador una columna de opinión sobre el mismo asunto en la cual repasamos brevemente los entretelones de la teleserie protagonizada por 3 ex ministros de la Concertación y por la propia ANIR en torno a la inminente aprobación del reglamento del actual Gobierno que autoriza el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos.

Ahí dijimos que la aludida asociación gremial empresarial, con la mano conductora de su consiglieri, Pablo Badenier, tras años de intenso lobby, finalmente logró su cometido en cuanto a que un Gobierno abrace su propuesta librecambista en materia de comercialización de residuos. Igualmente, destacamos que de aprobarse la propuesta del presidente Boric, nuestro país abrirá sus fronteras de par en par a la exportación e internación de residuos peligrosos, incluyendo los provenientes de baterías de plomo fuera de uso.

Sin embargo, lo que en principio parecería ser un simple caso de lobby (otro más) y de discusión entre caballeros, ha sumado nuevos antecedentes, tornando así más compleja la trama. ¿Qué ocurrió? Tal como se refleja en el segundo párrafo, el exfiscal Carlos Gajardo, ingresó en la Fiscalía la denuncia mencionada, pero hay algunas cosas que se desconocen y por ello sumariamente expresamos que, durante el año 2018, Ecovalor habría vendido baterías en desuso, sin contar con autorización para ello, por un total aproximado de 300 millones de pesos. ¡Tremendo negocito!

Se desconoce el paradero de las baterías, pero, de acuerdo a la denuncia, todo indica que habrían ido a parar a la Fundición Alcones, fundición clandestina de plomo de baterías en desuso, de propiedad de Andacollo de Inversiones Limitada, relacionadas con ANIR. Por si lo anterior no fuera poco, cabe recordar que la Fundición Alcones actualmente enfrenta un proceso sancionatorio ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), por producción, reutilización, almacenamiento, tratamiento y eliminación de residuos peligrosos provenientes de baterías de plomo en desuso, sin contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que lo habilite para ello, atentando severamente contra la salud de sus trabajadores y de la población aledaña.

Sería bueno que la ANIR y su efectivo consiglieri, en lugar de escribir tantas cartas al director de El Mercurio defendiendo la aprobación del “Reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos”, dedicaran unas cuantas líneas a este gravísimo asunto. Más aún, cuando una de sus empresas relacionadas podría verse arrastrada a un conflicto penal. Y en especial, porque este nuevo antecedente nos recuerda algo evidente: que las instituciones en Chile hoy por hoy no son capaces de fiscalizar el paradero actual de las baterías en desuso. ¿Podrá, entonces, una vez aprobado el alegre reglamento de Boric, fiscalizar su comercialización hacia (y desde) el extranjero? El sentido común dice abiertamente que no.

Lo que más sorprende a estas alturas del partido no es la caja de pandora que la aprobación de este reglamento comienza a destapar, sino lo frágil que han resultado ser las convicciones ambientalistas de ciertos jóvenes políticos quienes, haciendo gala de ellas, están en el gobierno cometiendo infinidad de equivocaciones.

En tiempos líquidos, como diría el sociólogo Zygmunt Bauman, todo cambia rápidamente, no hay cabida para lo sólido. Nuestra política así lo confirma. Y pensar que hace no mucho algunos de los protagonistas de esta historia trepaban árboles en Punta Arenas, los abrazaban y despotricaban en contra de los «30 años». Hoy, en cambio, abrazan otras cosas como la lucrativa agenda desregulatoria para que ciertas asociaciones empresariales, como la ANIR y otras, como este columnista lo está planteando en algunos medios que cultivan la libertad de expresión.

Entonces queda claro que los de entonces, ya no son los mismos, pero como los milagros sí existen, cabe la posibilidad de que la actual administración retome la senda del ambientalismo, sin escuchar a los lobbystas de turno.