El 23 de julio se han celebrado elecciones estatales en el Estado español. El presidente Sánchez, del PSOE, esperaba poder ganar a su rival, el PP, atizando el espantajo del miedo que, si no le votaban a él, podía formarse un gobierno de la derecha con la extrema derecha (PP + VOX) que es lo que predecían todas las encuestas.
Aunque el PP ha ganado con 136 escaños, con los 33 de VOX y los 2 de dos partidos regionales de derechas, suman 171 escaños y no llegan a los 176 (la mitad más uno del total de 350) que les harían falta para poder investir a Feijóo. Tampoco el bloque de «izquierdas» suma lo suficiente para investir a Sánchez: 122 del PSOE más los escaños de otros cinco partidos que ya apoyaron al PSOE en la pasada legislatura (uno independentista, ERC) llegan a sólo 172 escaños sin llegar a los 176.
Por eso, aunque en Cataluña ha habido una abstención alta de los independentistas decepcionados con los partidos de ese signo, los resultados de estos son decisivos: El partido independentista catalán, JUNTS (del Presidente catalán en el exilio, Carles Puigdemont), con 7 escaños, le es imprescindible a Sánchez si quiere ser investido. Pero la condición de JUNTS para investir a cualquier presidente es que el Estado español reconozca el derecho a la autodeterminación de Cataluña.
La verdad es que el independentismo catalán no está muy motivado para investir a Sánchez, pues ha recibido vulneraciones de derechos por parte de su gobierno al mismo nivel que del PP de Rajoy: represaliados, espionaje ilegal con Pegasus, infiltración de espías en movimientos sociales pacíficos, montajes policiales para acusar a este movimiento pacífico de ser violento, inclusión del independentismo catalán en listas terroristas de Europol, operaciones de Estado para evitar que los partidos independentistas logren poder institucional, ataques a la lengua catalana, mofas de Puigdemont, no reconocimiento que es un exiliado político y amenazas que le detendrán, manifestaciones que Catalunya está mejor simplemente porque no hay tantas movilizaciones en la calle, pero sin haber atendido su anhelo de poder decidir su estatus político…
Y aún, el día después de las elecciones, cuando era evidente que Sánchez necesitaba a Puigdemont para poder formar gobierno, la fiscalía (que depende del gobierno) pidió reactivar la euroorden para intentar detener a Puigdemont en Bélgica. Y el mismo día, detuvieron a la eurodiputada de JUNTS, Ponsatí, para hacerla declarar en el juzgado de Barcelona, vulnerando así su inmunidad parlamentaria.
Por su parte, Sánchez se ha apresurado a declarar que nunca concederá un referéndum de autodeterminación, ni tampoco una amnistía para los 4.400 represaliados catalanes, pero si Sánchez se niega a permitir un referéndum, JUNTS votará en contra y habrá que repetir las elecciones. Serían las sextas elecciones desde 2015, mientras que si la política española no fuera tan convulsa, sólo se hubieran hecho dos elecciones en este período. Esto muestra que, el conflicto irresuelto con Cataluña y la forma antidemocrática como lo gestionan, está arrastrando al Estado español a una inestabilidad cada vez más perturbadora para la UE.
En nuevas elecciones, el voto se concentraría en los dos grandes partidos y ganaría al PP, pero los dos bloques probablemente empatarían de nuevo. Los independentistas catalanes, motivados por la utilidad de su voto, votarían masivamente a JUNTS para presionar aún más por un referéndum o, si los candidatos se niegan, bloquear de nuevo la gobernabilidad del Estado.
Al final, es posible que para superar el bloqueo, el PSOE podría investir a Feijóo. Se demostraría que son más nacionalistas españoles que demócratas. El PP es un partido fundado por franquistas, muy escorado a la derecha, por lo que no tiene problema para pactar con la extrema derecha. Puede causar asombro en Europa que el PSOE prefiera un gobierno de extrema derecha antes que permitir un referéndum en Catalunya.
Un apunte final: El PP+VOX en el Estado español (descontado a Cataluña y País Vasco) tienen 55% de los escaños. En cambio, en Catalunya, solo tienen 17%. Esto muestra claramente que la sociedad española y la catalana querrían llevar a cabo proyectos sociales antagónicos y sería más democrático que cada una pudiera desarrollar su propio camino.
