Contraloría estableció que 29 de los 34 convenios a los que paralizó su toma de razón en el mes de junio, no cumplen con los estándares requeridos, por lo que fueron declarados ilegales, según informa el diario La Tercera.
Los montos de estos acuerdos ascienden a más de $13 mil millones y fueron suscritos durante 2023.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió a esta decisión y aclaró que esta investigación está centrada en gobernaciones, agregando que “aquí hay un cuestionamiento a un modelo, a un sistema, a un mecanismo que se creó en un determinado momento y que estamos reestudiándolo y cuestionándolo globalmente. El modelo, el mecanismo, está malo, y eso tenemos que reconocerlo y es responsabilidad de todos los actores en este país”.
Ayer, en la última arista hasta hoy de este caso, renunció la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez, quien firmó dos convenios con la Corporación de Desarrollo de Santiago, institución en la que trabajó hasta asumir el cargo gubernamental. Gutiérrez señaló que se trató de «un error involuntario».
La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, respecto a este tema, indicó que la salida de Gutiérrez eran decisiones de «exclusiva definición del Presidente de la República y la propia exsubsecretaria ha señalado también errores que ella pudiera haber cometido”.
