Cinco ONG denuncian ante la Comisión Europea ley italiana que restringe actividades de búsqueda y salvamento en el mar de los buques humanitarios

Cinco destacadas ONG han presentado una denuncia ante la Comisión Europea sobre la Ley italiana 15/2023 y la práctica de las autoridades italianas de asignar a los buques humanitarios de búsqueda y rescate puertos alejados de la zona donde se ha producido el salvamento para desembarcar a las personas supervivientes.

Las organizaciones que han presentado la denuncia son Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam Italia, SOS Humanity, la Asociación de Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI) y EMERGENCY. Las entidades argumentan que la ley plantea serias dudas en cuanto a su compatibilidad con la legislación pertinente de la UE y las obligaciones de los Estados miembros de la UE en virtud del Derecho internacional en relación con las actividades de búsqueda y salvamento en el mar.

«La Comisión Europea es la guardiana de los tratados de la UE y tiene un papel que desempeñar para garantizar que los Estados miembros respetan la legislación internacional y de la Unión», afirma Giulia Capitani, asesora de Política Migratoria de Oxfam Italia. «Debería defender y proteger los derechos fundamentales de todas las personas en Europa. Sin embargo, en lugar de eso, son las ONG de búsqueda y rescate las que llenan el vergonzoso vacío en el mar dejado por los Estados miembros. En lugar de obstruir su labor, los Estados deberían implicarlas en la creación de un sistema adecuado para las actividades de búsqueda y salvamento».

En enero de 2023, Italia aprobó un nuevo decreto que se convirtió en ley en marzo. La Ley 15/2023 restringe a las embarcaciones de búsqueda y salvamento la realización de más de una operación de rescate a la vez. La norma establece que las embarcaciones de búsqueda y salvamento deben poner rumbo hacia el lugar de seguridad asignado tras una operación de rescate sin demora; esto implica que los navíos de rescate no deben prestar asistencia a otras embarcaciones en peligro. La ley también obliga a los capitanes de los buques que hayan llevado a cabo un rescate a proporcionar información no especificada a las autoridades italianas sobre el salvamento realizado; lo que en la práctica ha llevado a solicitar información excesiva.

Los efectos de la nueva ley se ven agravados por la reciente práctica de las autoridades italianas de asignar puertos lejanos para desembarcar a los supervivientes tras los rescates. Esta política no está incluida en ninguna legislación pero se ha convertido en práctica habitual desde diciembre de 2022, asignándose con frecuencia a los buques de búsqueda y salvamento lugares de seguridad en el norte de Italia en lugar de en el sur, lo que aumenta considerablemente su tiempo de viaje y limita su presencia en la zona de búsqueda y salvamento.

Las cinco ONG denunciantes consideran que la combinación de estas medidas impone restricciones injustificadas a las operaciones de búsqueda y salvamento y limita drásticamente su capacidad para salvar vidas en el mar.
«Cada día que pasamos fuera de la zona de búsqueda y rescate, ya sea detenidos o navegando hacia un puerto lejano, supone poner vidas en peligro», alerta el director de operaciones de MSF, Djoen Besselink. «La ley apunta a las ONG, pero el precio real lo pagarán las personas que huyen por el Mediterráneo y se encuentran en una embarcación en apuros».

El aumento del tiempo de viaje hasta al norte de Italia también conlleva riesgos para la salud física y mental de las personas rescatadas que viajan a bordo. «Asignar lugares seguros a más de mil kilómetros de distancia de un rescate perjudica el bienestar físico y psicológico de los supervivientes», explica Josh , capitán del buque de rescate Humanity 1 de SOS Humanity. «Las 199 personas que rescatamos recientemente, incluidas mujeres embarazadas y bebés, se vieron obligadas a recorrer unos 1.300 km para desembarcar en Italia, aunque otros puertos italianos quedaban mucho más cerca».

«Las personas rescatadas proceden de países afectados por guerras, el cambio climático y violaciones de los derechos humanos», asevera Carlo Maisano, coordinador del Life Support, el buque de rescate de EMERGENCY. «A menudo se encuentran en un estado extremadamente frágil, que se agrava al pasar aún más tiempo en el mar», añade.

El aumento de las distancias también repercute negativamente en las propias ONG. «La práctica de asignar puertos lejanos aumenta los costes de combustible de las organizaciones y agota sus limitados presupuestos, lo que repercute en su capacidad de salvar vidas en el futuro», concluye Maisano.

El 23 de febrero de 2023, se aplicó por primera vez la Ley 15/2023 (que por entonces tenían rango de decreto-ley) cuando la Autoridad Portuaria de Ancona notificó a MSF una orden de inmovilización de 20 días para su buque Geo Barents y, finalmente, una multa de 5.000 euros. Las sanciones se impusieron por no facilitar información específica que nunca antes había sido solicitada a MSF.

Desde entonces, las autoridades italianas han retenido a otros cuatro buques de búsqueda y salvamento humanitarios —Aurora , Louise Michel, Sea-Eye 4 y Mare*Go — durante un periodo de 20 días cada uno por infringir la Ley 15/2023. Esto suma un total de cien días perdidos para los buques de búsqueda y salvamento humanitarios, mientras las travesías peligrosas y los naufragios en el Mediterráneo central han continuado.

MSF, Oxfam Italia, SOS Humanity, ASGI y EMERGENCY hacen un llamamiento a la Comisión Europea para que someta a escrutinio inmediato la Ley 15/2023 de Italia y su práctica de asignar puertos lejanos. Como guardiana de los tratados de la UE, es responsabilidad de la Comisión garantizar que los Estados miembros de la UE cumplan la legislación y dejan de obstaculizar la labor de salvamento de las ONG de búsqueda y rescate. Por el contrario, las organizaciones deberían formar parte de las capacidades de búsqueda y salvamento proactivas y dirigidas por los estados en el Mediterráneo central.