Caso Convenios: Fiscalía dispone diligencias en gobiernos regionales y en fundaciones
Las pesquisas fueron ejecutadas por personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Metropolitana, de Antofagasta y Talca.
Como parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Antofagasta a distintas fundaciones receptoras de recursos públicos para proyectos sociales, funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI desarrollaron esta jornada nuevas diligencias de entrada, registro e incautación en los gobiernos regionales de Antofagasta y Maule, como también en los domicilios de las fundaciones Urbanismo Social en la comuna de Talca y Procultura en Las Condes.
Todas estas diligencias fueron solicitadas por el fiscal de la causa Cristian Aguilar Aranela, y autorizadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, con el objetivo de recabar información útil para el objetivo final de la investigación, que es determinar la existencia o no de eventuales delitos en la asignación o ejecución de proyectos sociales con fondos públicos.
Las diligencias fueron ejecutadas por personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Metropolitana, de Antofagasta y Talca.
Consejo de Defensa del Estado
El CDE, por su parte, adoptó la decisión de conformar un equipo de coordinación nacional, integrado por abogadas y abogados del servicio, con el fin de analizar antecedentes y documentos entregados por el Ministerio Público, en el marco de la investigación por el denominado caso “Democracia Viva”, en el que se indaga la asignación de recursos fiscales, por vía de tratos directos, a diversas fundaciones a lo largo del país.
Conforme a sus procedimientos, el Consejo asignó el análisis de estos documentos a un equipo de abogados pertenecientes a las nueve regiones donde el Ministerio Público ya inició diligencias e investigaciones penales, esto es: Antofagasta, Maule, Atacama, Los Lagos, Biobío, Araucanía, Aysén, O’ Higgins y Arica.
El objetivo, según el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier Wartenberg, es “que este equipo de profesionales, conforme a las instrucciones impartidas por nuestro Comité Penal, informe periódicamente respecto de los avances de las diligencias ordenadas por el Ministerio Público y del análisis jurídico penal de ellas, a efectos de que podamos adoptar una decisión fundada”.
“El Consejo de Defensa del Estado comprende la relevancia que estos casos tienen para la ciudadanía, en su confianza en las instituciones y en la capacidad de funcionamiento del Estado. Con todo, la autonomía y el carácter técnico con que el Consejo evalúa los fundamentos y la oportunidad de sus actuaciones constituyen elementos esenciales para nuestro desempeño. El tiempo que esta institución debe destinar al estudio acabado de hechos, que puedan revestir el carácter de delito, resulta absolutamente necesario para arribar a la convicción jurídica que requiere la interposición de una querella criminal. Imputar a alguien la comisión de un delito es una cuestión tremendamente seria y trascendente que exige reflexión y requiere contar con antecedentes completos, claros y fidedignos” añadió.
