Ofensiva opositora: UDI va tras renuncia de la subsecretaria de Vivienda, el secreto bancario de Catalina Pérez y RN acude a Contraloría

Luego de enterarse de que la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas, fue advertida el pasado 2 de mayo de eventuales irregularidades de la Fundación Democracia Viva, dirigida por militantes de Revolución Democrática, mismo partido de la subsecretaria, los diputados de la UDI, Jorge Alessandri, Daniel Lilayú y Flor Weisse, exigieron su “renuncia inmediata al cargo”.

Para los parlamentarios, es evidente que Rojas tuvo pleno conocimiento de «estos contratos ideológicamente falsos y no hizo nada para resguardar el dinero de todos los chilenos”.

“Su jefe, el ministro Carlos Montes”, agregaron Alessandri, Lilayú y Weisse, “debe pedirle la renuncia a su subalterna, pues de lo contrario podemos establecer la legítima duda que el ministro sabía y tampoco hizo nada, o definitivamente no sabía y le escondieron la información”.

“En ambos casos, la situación es grave y si no quiere el gobierno que esto escale a hacer efectivas responsabilidades políticas de mayor envergadura, debería separarla del cargo”, cerraron los diputados Alessandri, Lilayú y Weisse.

Acciones en distintos frentes

El jefe de la bancada RN Frank Sauerbaum, junto a otros diputados, pedirán a la Contraloría un pronunciamiento sobre la responsabilidad del ministro de Vivienda, Carlos Montes, por aceptar la renuncia del Seremi de Antofagasta, acusando que «es inaceptable que el ministro no instruyera un sumario, reteniendo la renuncia del ex secretario regional ministerial».

También quieren que indague sobre la participación de la subsecretaria Tatiana Rojas porque recibió información de «la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanización de Antofagasta, doña Carla Olivares, quien envió un correo electrónico a diversas autoridades del Ministerio alertando lo que calificaron como irregularidades en relación con el programa de Asentamientos Precarios. Concretamente, la autoridad gremial transmitía los reparos que existían en el equipo de Asentamientos Precarios, específicamente por la gestión del entonces secretario regional ministerial de Antofagasta, don Carlos Contreras». Por ello y al igual que la UDI, piden que se «disponga un sumario administrativo destinado a determinar la responsabilidad de la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo por la falta de diligencia con la que acogió la denuncia de las irregularidades que habrían sido puestas en su conocimiento».

Secreto bancario de Catalina Pérez

La UDI, además, presentará una querella criminal y pedirá que se levante el secreto bancario de la diputada RD, Catalina ërez, quien suspendió su cargo de vicepresidencia de la Cámara a raíz de las acciones de su pareja y exjefe de gabinete, ambos militantes de su partido, que firmaron el millonario convenio en Antofagasta.

Los parlamentarios Cristián Labbé, Juan Manuel Fuenzalida, Cristhian Moreira y Juan Antonio Coloma, solicitan que se investiguen los posibles delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y tráfico de influencias.

En el escrito, los diputados plantean en el texto que «resulta al menos cuestionable, y de ahí según el parecer de esta parte de que se investiguen los hechos en sede penal, que se hayan desvirtuado fondos relativos a las funciones propias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la Región de Antofagasta, en una fundación cuya naturaleza propia es de carácter político, y con sede en Santiago».

«En virtud de lo anterior, tampoco resulta inocua la pertenencia política de las personas encargadas de los órganos involucrados, así como de sus lazos afectivos y personales, toda vez que conforme lo que ha sostenido la doctrina, es precisamente en la reunión de todos los elementos mencionados, en los que esta parte entiende que existen las condiciones para revestir las características de delito», argumentan.

Los legisladores gremialistas además pidieron que se realicen las siguientes diligencias, primero, ordenar el levantamiento del secreto bancario de la diputada Catalina Pérez; de su pareja Daniel Andrade, de Catalina Guzmán, del ex seremi Carlos Contreras y de la fundación Democracia Viva. También pidieron que se cite a declarar a la diputada Pérez, Andrade, Guzmán y Contreras. Con ello, esperan que se oficie a los siguientes órganos, a fin de que informen de todos los contratos, convenios y operaciones celebrados con la Fundación Democracia Viva: La Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ayer, en tanto, el Mercurio informó ayer que los diputados del Partido Republicano, Juan Eduardo Irarrázaval y Cristián Araya, ingresaron el martes en la tarde una querella por los eventuales delitos de fraude al fisco y cohecho agravado.