Todo lo que debes saber del nuevo bono Invierno
Cabe recordar que este aporte es adicional al que recibieron en mayo pasado.
Un contundente respaldo (37 votos) otorgó el Senado al proyecto que establece un aporte adicional al bono de invierno, de 60 mil pesos para poco más de 1.600.000 adultos mayores de 65 años con pensiones autofinanciadas menores a $201.6771, sin incluir en esa cifra el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) o Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), si es que lo tuvieran.
Este bono aplica para pensionados y pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Cajas de Previsión como Dipreca y Capredena, Mutualidades de empleadores; y pensionados del sistema de AFP o compañías de seguro que sean beneficiarios de la PGU, APSV o tengan pensiones mínimas con garantía estatal. Cabe recordar que este aporte es adicional al que recibieron en mayo pasado.
De este modo, la iniciativa que busca apoyar a los sectores más vulnerables ante el actual escenario económico quedó en condiciones de ser remitida para su proceso de promulgación como Ley de la República y será pagado a contar de este mes de junio, y según se confirmó desde el Ejecutivo «no será necesario postular pues ya se encuentran registrados en las nóminas del Bono Invierno».
La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Loreto Carvajal, dio cuenta de la iniciativa que permitirá pagar este bono extraordinario durante este mes de junio. En la misma línea, expuso el senador Ricardo Lagos Weber, presidente de la Comisión de Hacienda, quien resaltó la necesidad de favorecer a más de 1 millón 600 mil adultos mayores que hoy enfrentan»un invierno especialmente duro».
El aporte extraordinario de 60 mil pesos se pagará en una sola cuota, a partir de este mes (junio), por el IPS. Es de cargo fiscal y no constituye remuneración o renta. Tampoco será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.
La supervigilancia y fiscalización en el otorgamiento y el pago corresponderá a la Superintendencia de Pensiones. Por otra parte, se señala que quienes reciban indebidamente el beneficio deberán restituirlo. Asimismo se dispone como plazo para reclamar el no otorgamiento del beneficio será de un año y el plazo de su cobro será de 9 meses.
La iniciativa tiene un costo fiscal de 97 mil millones de pesos y se financiará con cargo a los recursos del Tesoro Público.
Los legisladores y legisladoras coincidieron en la importancia de este aporte considerando el aumento del costo de la vida, especialmente para los adultos mayores quienes sufren el mayor impacto del deterioro de la situación económica.
No obstante, hubo un reconocimiento en orden a que los bonos no son una solución de largo plazo. Por lo mismo, se realizó un llamado a avanzar en nuevos acuerdos que permitan tener una reforma previsional que mejoren las pensiones y termine con discriminaciones arbitrarias.
Asimismo, senadores y senadoras hicieron énfasis en la necesidad de aprobar otros proyectos complementarios, tales como, la que promueve el envejecimiento digno, activo y saludable. Al tiempo, que también instaron al Ejecutivo a impulsar las medidas sociales de protección de niños y niñas, considerando la contingencia sanitaria que vive el país, a raíz de los virus respiratorios.
