ONU alerta de la «erosión» de las libertades y el estado de derecho en Nicaragua

«El silencio de las voces críticas persiste en un contexto de miedo y hostigamiento generalizado por parte de las autoridades, que casi no dejan espacio para ningún debate público abierto e inclusivo», ha subrayado, agregando que en los meses de abril y mayo las autoridades llevaron a cabo «oleadas» de detenciones a defensores de Derechos Humanos, opositores, periodistas y religiosos.

En este sentido, ha informado de que el 3 de mayo al menos 63 personas fueron detenidas «de forma arbitraria» y 55 de ellas fueron acusadas de socavar la integridad nacional. «Estos delitos son utilizados habitualmente para criminalizar a los opositores políticos y el trabajo legítimo de los defensores de los Derechos Humanos», ha recordado.

Asimismo, Al Nashif ha precisado que a un total de seis nacionales nicaragüenses se les prohibió ingresar a Nicaragua. Su oficina, ha señalado, también ha documentado «obstáculos para obtener pasaportes por parte de familiares de cualquier persona que se oponga al Gobierno».

«Estas medidas han resultado en separaciones familiares, con un impacto significativo en los menores afectados. Otras medidas, como la confiscación de bienes, incluidos bienes privados, pensiones, cuentas bancarias, han afectado negativamente a más de 300 personas privadas de su nacionalidad, así como a sus familiares», ha alertado.

Por otro lado, ha destacado que desde marzo, un total de 119 organizaciones no gubernamentales y ocho universidades han sido canceladas, mientras que también ha puesto sobre la mesa la «persecución» contra la Iglesia Católica, recordando el caso del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por conspiración y desacato a la autoridad, entre otros cargos.

«(Álvarez) sigue estando sujeto a condiciones de detención que violan las normas y estándares internacionales de Derechos Humanos, como la prohibición de visitas y unas condiciones de higiene y saneamiento inadecuadas. Las cuentas bancarias de al menos tres diócesis fueron congeladas después de que la Policía Nacional acusara a la institución de lavado de dinero», ha indicado.

Al Nashif ha informado además de que la Policía de Nicaragua intimidó y hostigó a sacerdotes y fieles durante las celebraciones de Semana Santa, lo que llevó a la Iglesia católica a cancelar la mayoría de actos por temor a nuevas represalias.

Pero la persecución no se limita a los católicos. El pasado 11 de marzo al menos cinco indígenas fueron asesinados en el territorio de los Mayangna Wilú, mientras que otro líder de la comunidad Alal, en la reserva Bosawás, fue asesinado el pasado 24 de abril.

Por todo ello, ha pedido al Gobierno de Nicaragua que revierta «todas las medidas vigentes que erosionen el estado de derecho, el espacio cívico y los Derechos Humanos» y ha exigido también la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, así como el restablecimiento de su nacionalidad.

De la misma forma, Al Nashif ha demandado el cese de la persecución contra la Iglesia católica y el restablecimiento de la personalidad jurídica de todas las asociaciones, medios de comunicación y universidades canceladas desde 2018.