Consejo Político RD pide a Tribunal Supremo que expulse del partido a Daniel Andrade y Carlos Contreras
"Hemos llegado al convencimiento de que ambos afiliados involucrados en los convenios, suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, han infringido nuestra normativa vigente", señala el comunicado entregado a través de Twitter.
El Consejo Político de Revolución Democrática, a raíz de los convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, polémica que involucra a la diputada de ese partido, Catalina Pérez, pidió al Tribunal Supremo que expulse a los militantes Daniel Andrade y Carlos Contreras, por infringir la normativa interna.
«Como Consejo Político Nacional, hemos llegado al convencimiento de que ambos afiliados involucrados en los convenios, suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, han infringido nuestra normativa vigente», señala el comunicado entregado esta mañana a través de Twitter.
«Es por ello que hemos decidido solicitar al Tribunal Supremo que considere su expulsión; en base a nuestras normas internas, que fueron creadas para prevenir y enfrentar este tipo de actos», añade el escrito.
El comunicado señala que «siempre hemos impulsado la importancia de elevar el estándar de la función pública, asegurando los principios de probidad y transparencia en la toma de decisiones. Por eso nuestra normativa interna previene la corrupción, y sanciona las faltas de ética que los militantes comentan tanto en su vida profesional, personal, o política.».
«Bajo este marco, condenamos toda conducta de algún militante de nuestra colectividad que contravenga estos principios, y que supongan un evidente conflicto de interés, más allá de la legalidad de los actos administrativos; pues comprendemos el daño que estos hechos generan en la confianza de la ciudadanía», agrega
Y culmina: «Como Revolución Democrática seguiremos haciendo esfuerzos por prevenir y detectar actos de corrupción, y estamos a disposición de colaborar con cualquier tipo de investigación y fiscalización para cumplimiento de nuestra ética partidaria, especialmente por parte de nuestros representantes y funcionarios en cargos de confianza en el Gobierno».
