Comisión parlamentaria cita a declarar a varios altos cargos del gobierno de Bolsonaro
Entre los convocados está también el exasesor del expresidente, el teniente coronel Mauro Cid --relacionado en varios escándalos, pero en prisión por su supuesta implicación en la manipulación de los datos de vacunación
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Congreso de Brasil sobre los ataques del 8 de enero ha aprobado este martes llamar a declarar a varios altos cargos de la administración del expresidente Jair Bolsonaro, como los exministros de Defensa Walter Braga Netto y de Justicia Anderson Torres.
Entre los convocados está también el exasesor del expresidente, el teniente coronel Mauro Cid –relacionado en varios escándalos, pero en prisión por su supuesta implicación en la manipulación de los datos de vacunación– y otro viejo conocido de la comisión, y su exjefe de Seguridad Augusto Heleno Ribeiro.
Bolsonaro también es reclamado por una parte de esta comisión para que preste declaración por lo ocurrido –sostienen que habría desempeñado un papel como instigador y autor intelectual de los ataques–, pero el pleno de la CPI han preferido proponer su comparecencia para posteriores encuentros.
Quien sí ha sido invitado a comparecer es el actual ministro de Justicia, Flávio Dino, a petición del senador Sergio Moro, antiguo socio de Bolsonaro y conocido juez que encarceló al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un proceso judicial que luego se demostró repletó de irregularidades.
Además de estos, también los han sido el exsecretario del Ministerio de Salud, Elcio Franco, y cuatro antiguos altos mandos de los cuerpos de seguridad, entre ellos de la Policía Militar, la Policía Civil y la Policía de Carreteras.
En la reunión de este martes, también se ha aprobado que se envíe a la CPI los informes que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) elaboró para los organismos del Gobierno Federal sobre los supuestos riesgos que existieron aquellos días, en los que centenares de personas permanecían acampadas frente a los cuarteles exigiendo una intervención militar contra un gobierno que no reconocían.
A su vez, también han reclamado todo el material gráfico y audiovisual que captaron las cámaras de seguridad de las tres sedes asaltadas, la del Palacio del Planalto, la del Congreso, el Tribunal Supremo, así como de los edificios de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores, además de otras pruebas recabadas. (Europa Press)
